Los antecedentes de los capturados en el caso Tierra Santa
La Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional revelaron este miércoles 14 de septiembre las identidades de las personas detenidas por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En el transcurso de este martes 14 de septiembre, se dio a conocer la captura de las personas implicadas en los delitos que provocaron la intervención en Tierra Santa, empresa que habría sido utilizada para cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Entre los capturados, AL DÍA conoció que se encontraban los hermanos Bilal y Khaled Ahmed Gebara Karameddin, quienes figuraban en la Cámara de Comercio de Barranquilla como los representantes legales de la sociedad Tierra Santa SAS.
Por otra parte, hasta el año anterior, Hassan Feris Karameddine Mohmoud aparecía como miembro de junta directiva de la compañía, pero antes de finalizar el 2021, tras asamblea de accionistas, presentó su renuncia al cargo.
Por otro lado, en el caso de Eduardo Enrique Mejía Leguía, otro de los capturados, tenía cargo dentro de la compañía como revisor fiscal.
A su vez, AL DÍA conoció que fue capturado Elías José Yamhure Daccarett, socio de la empresa TicketYa, que hace dos años la Fiscalía General de la Nación acusó por su presunta responsabilidad en la reventa de boletas para el partido entre la selección Colombia y Brasil, jugado el 5 de septiembre de 2017, en la eliminatoria al Mundial de Fútbol Rusia 2018.
En ese momento, Yamhure Daccarett fue imputado por los delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), corrupción privada y concierto para delinquir.
Según el ente investigador, el material probatorio dio cuenta de que 13.854 entradas al juego habrían sido comercializadas por encima del precio definido.
De los otros nombres reportados este miércoles por las autoridades se logró conocer que serían propietarios de almacenes de confecciones y fábricas de textiles.
Frente a los procedimientos que se realizaron la semana anterior, las autoridades señalaron que se realizaron con el fin de afectar las finanzas de la red de contrabando y que fiscales adscritos a la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los 1,2 billones de pesos.