Le vendían alimentos en descomposición a proveedores del Bienestar Familiar y PAE
“Se incautaron aproximadamente 70 toneladas productos manipulados y en malas condiciones sanitarias", afirmó la Fiscalía.
A la cárcel fueron enviadas 12 personas señaladas de pertenecer a una red nacional dedicada a alterar alimentos de la canasta familiar, productos de aseo y medicamentos vencidos para comercializarlos a proveedores que contratan y licitan con el Programa de Alimentación Escolar PAE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
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La Fiscalía indicó que, en articulación con el Ejército Nacional, INVIMA, Secretarías de Salud y peritos especializados, realizaron varios allanamientos en Atlántico, Antioquia y Santander que permitieron dar con elementos materiales probatorios, así como con los sindicados, quienes responden a los siguientes nombres: Robinson Varón Cano, Yoni Alexander Naranjo Parra, Lisdley Herrera Montoya, Gloria Teresa Reyes Lozano, Jairo Quintero Felizzola y Jesús Arnulfo Giraldo Aristizabal.
Los demás fueron identificados como Jhon Fredy Sierra Ospina, José William Giraldo Gómez, Farley Alberto Jiménez Macías, Javier Díaz Plata, Doris Cardozo Duarte, y Álvaro Quintero Gutiérrez.
“Se incautaron aproximadamente 70 toneladas productos manipulados y en malas condiciones sanitarias. El material de prueba obtenido da cuenta de que, al parecer, esta organización criminal adquiría grandes cantidades de alimentos en descomposición, deteriorados, con fechas de caducidad vencidas o muy cercanas a vencerse en puertos marítimos de la Costa Atlántica como Cartagena y Barranquilla o en almacenes de grandes superficies”, aseguró el ente acusador.
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Sumado a ello, la autoridad detalló que tras su compra, estos artículos eran llevados a diferentes bodegas de acopio en las que les modifican las fechas de vencimiento, los mezclaban con otros insumos de menor calidad: “Buscaban alterarlos para además hacerlos rendir, tratando también de darles apariencia de originalidad. Una vez surtido el proceso de alistamiento, los productos eran reempacados sin las mínimas condiciones de higiene”.
La Fiscalía continuó señalando que la investigación permitió establecer que, para insumos como la leche y fórmulas infantiles, esta banda utilizaba empaques de marcas reconocidas en el mercado y allí envasaban “barreduras”, es decir, sobrantes que salen de las bodegas de almacenamiento en puertos o lácteos en polvo de baja calidad que, según lo informado, habían ingresado al país “de forma ilegal, provenientes de otros países como Chile, Uruguay, Finlandia, sin contar con registro sanitario del INVIMA”.
Se dijo a su vez que “en cuanto a los elementos de aseo y medicamentos, entre estos antibióticos, hay indicios de que, presuntamente, los distribuían en tiendas, supermercados y droguerías de pequeña superficie, también con las fechas de caducidad alteradas, representando un peligro para la salud de la comunidad”.
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Por estos hechos, fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron ante jueces de control de garantías a los señalados responsables de estas actividades ilegales y les fueron imputados, de acuerdo con su participación y posible responsabilidad, los delitos de: corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; usurpación de derechos de propiedad industrial; y concierto para delinquir.
Y por ello estas personas recibieron medidas privativas de la libertad.
