El asesinato de un exmiembro del M-19 que todavía tiene cabos sueltos

En caso de que lo asesinaran, Neftalí Romero Gutiérrez había dejado unas peticiones a sus seres queridos a través de una carta que le confió a una vieja amiga: una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón del Barrio Abajo, que forraran un su ataúd con una bandera verde como símbolo de esperanza y que le llevaran flores amarillas a la velación.

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Y así se hizo, pues el 12 de mayo de 2001, solo días después de haberle entregado la carta a su conocida, Romero Gutiérrez terminó acribillado junto a su escolta del DAS, Alberto Miguel Santamaría Peña, en cercanías de un taller de mecánica automotriz del barrio Alfonso López, en el suroccidente de Barranquilla.

El asesinato de este abogado de ideas de izquierda, exmiembro del M-19 y de la Corriente de Renovación Socialista, CRS, firmante del acuerdo de paz con el gobierno del presidente César Gaviria en abril de 1994, hizo parte del oscuro capítulo de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Atlántico, cuando a comienzos del nuevo milenio pretendían el control de absolutamente todo como plan de expansión, acababan con el que fuera un obstáculo y lejos estaba aún la desmovilización.

Para el año 2010, la Fiscalía General de la Nación documentó con relación al Bloque Norte, grupo criminal de las AUC que operaba en la región, la perpetración de 2.188 conductas delictivas con 8.006 víctimas registradas, de las cuales 724 correspondieron al delito de desplazamiento forzado, del que se derivaron 4.500 víctimas; 333 masacres con 1.563 víctimas reportadas; 410 al reclutamiento ilegal de 410 niños, niñas y adolescentes; la desaparición forzada de 2.583 personas, entre otros crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y una cifra más espeluznante: solo entre 2004 y 2006, en la capital del Atlántico, las AUC cometieron 1.664 homicidios.

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Ese sábado, Neftalí salió de su casa en el barrio Las Trinitarias de Soledad en compañía de Santamaría para mirar el estado de un automóvil Mazda que le habían asignado para su protección, pero que más permanecía guardado en un taller que rodando por las calles. 

El Roble, así se llamaba el taller al que se dirigían Romero y Santamaría hacia las 9:00 de la mañana. Llegaron al lugar, pero el mecánico les habría pedido que compraran algo de gasolina para encender el motor del vehículo, por lo que ambos salieron hacia una estación de servicio cercana en la búsqueda del combustible. 

De camino hacia la bomba, ambos iban dialogando sobre la carrera 22, pero al llegar a la esquina de la calle 47, a escasos metros de su destino, fueron sorprendidos por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta RX de color rojo. El primero en ser atacado a tiros fue Santamaría, quizás para dejar mucho más indefenso al objetivo. Luego, tras los balazos mortales, cayó al piso Neftalí, que para ese entonces solo tenía 39 años de edad. 

Para aquel entonces, El Heraldo citó en la crónica judicial  de su edición impresa del domingo 13 de mayo, Día de la Madre: “Los asesinos no tenían el rostro cubierto y, cuando se daban a la huida, empezaron hacer disparos al aire para evitar que los persiguieran. Esos eran los comentarios que se escuchaban entre los curiosos que se peleaban por ver los cuerpos sin vida de Romeo y Santamaría tendidos a pocos metros de una estación de gasolina. Neftalí Romero era un reconocido líder entre los grupos de izquierda de los que formó parte en la década de los 80 y decidió volver al seno de su hogar cuando se desmovilizó. Terminó su estudio de derecho en la Universidad Simón Bolívar. Y Alberto Miguel Santamaría, de 40 años de edad, había sido asignado por el programa de reinserción como escolta de Neftalí Romero desde el mes de julio del 2000…”. 

La agonía de la muerte

Desde su regreso a la vida civil en el año 94, Romero tuvo varios episodios relacionados con amenazas de muerte. No podía dormir tranquilo, según narraron los familiares tras su asesinato. Incluso, cuando vivió en el barrio La Victoria junto con su pareja optó por cambiar de domicilio hacia el municipio de Soledad por un sufragio que le dejaron en la puerta de su casa. 

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En otro momento, cuando ya se había trasladado a su nueva vivienda, le enviaron a la casa de su progenitora una lista con siete nombres de reinsertados entre los que se encontraba el suyo. 

Silvia Gutiérrez de Romero, madre de la víctima, dijo para aquel momento: “Hace algún tiempo mataron uno y el segundo fue mi hijo”.

Romero Gutiérrez no tuvo militancia armada en la Corriente de Renovación Socialista desmovilizados en Flor del Monte, Sucre, sino que su papelera de ideólogo y tras su reinserción obtuvo el título de abogado. Y para la fecha del crimen, incursionaba en el mundo político local y se le observaba en conferencias y foros sobre la paz, de acuerdo con el testimonio de su madre. 

Precisamente el mismo día del crimen de Romero Gutiérrez se llevó a cabo en el Hotel Country Norte de Barranquilla un Foro sobre la Situación Económica y Política del país, organizado por el Centro de Ideas Políticas y Económicas Rafael Uribe Uribe de la Universidad del Atlántico. El entonces ministro de Trabajo Angelino Garzón, asistente al evento, reveló a los presentes la petición que unos días antes, es decir a finales de abril, le había hecho la víctima. 

“Hace unos 15 días, cuando llegué a Barranquilla, (Romero) me decía desesperado, implorante: ministro ayúdame, que estoy muy amenazado, no deje que me maten y me mostraba una carta que le había enviado al Ministro del Interior…”. 

En su discurso, Garzón también preguntó: “¿Qué hay detrás de todos los asesinatos?, qué hay detrás de la ofensiva de convertir a Barranquilla en otro escenario de la guerra?”. 

Para aquel momento, Garzón, quien dimitía al ministerio en procura de ser postulado a la Presidencia de la República por sectores independientes y de la izquierda, propuso al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico: “hay que defender a Barranquilla como territorio de paz, no permitamos que Barranquilla se vuelva un escenario de guerra…”.

Un acto de las AUC

Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006, en específico miembros del Bloque Norte pertenecientes al Frente José Pablo Díaz, confesaron en medio de versiones libres bajo la Ley de Justicia y Paz haber participado en el asesinato de Romero Gutiérrez y señalaron al supuesto autor material del hecho, pero no a los determinadores. 

Hacia el año 2011, es decir 10 años después del crimen en mención, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH profirió entonces resolución de acusación en contra de José Naun Benítez Quintero, alias Gury, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, por el crimen de Neftalí. Se dijo además que Benítez Quintero era procesado como persona ausente.

Otra desmovilizado vinculado al hecho fue Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, tal y como consta en la sentencia del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla de 2009. Y su nombre volvió a aparecer por el mismo crimen en una sentencia condenatoria de 2019 de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. 

Ambos personajes estuvieron envueltos en otros asesinatos cometidos en la ciudad de los que resultaron líderes de sindicatos y trabajadores afiliados a organizaciones obreras, entre 2000 y 2006. “En Justicia y Paz, el exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de ‘Don Antonio’, aceptó que ordenó asesinarlos con el pretexto de que las víctimas presuntamente eran afines a la guerrilla o a los movimientos políticos de izquierda”, reza en un informe del medio digital Verdad Abierta. 

Sin embargo, después de 21 años, hoy el crimen de Neftalí Romero Gutiérrez y de su escolta Adalberto Santamaría Peña vuelve a estar vigente en los estrados judiciales y todo porque la Fiscalía busca condenar a quien sería otro de los cerebros del paramilitarismo local y el determinador de ese hecho. Darío Laino Scopetta, alias Ojos Azules, el mismo individuo recientemente nombrado en una sentencia condenatoria por el asesinato del líder sindical Manuel Santiago Pájaro Peinado, cometido el día 16 de agosto de 2001, y el del profesor Gustavo De Silvestri, ambos ocurridos en Barranquilla.

En el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla se lleva el proceso y está en etapa de juicio. La semana anterior debía realizarse una diligencia, pero una excusa del juez por enfermedad la llevó a posponerse.