Tras verificar su identidad, Palomino fue entregado a los organismos competentes para la legalización de su captura. Su traslado se hizo junto a otras dos personas buscadas por las autoridades colombianas y de los Estados Unido s. Queda por establecer su sitio de reclusión.
Su traslado se hizo junto a otras dos personas buscadas por las autoridades colombianas y de los Estados Unidos. Queda por establecer su sitio de reclusión.
Este medio conoció que en los últimos dos meses Palomino había permanecido en una sede del SAIME en la ciudad de Caracas luego de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decretara a finales de mayo el archivo del expediente relacionado con la extradición a Colombia.
Esto último por el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países en el periodo del entonces presidente Iván Duque.
I ncluso, en junio se llegó a decir que Palomino Rodríguez estaba buscando la manera de quedar en libertad para tomar nuevamente el control criminal de la capital del Atlántico.
No obstante, solo hasta este martes se conoce de la llegada a territorio colombiano de uno de los individuos más buscados en Barranquilla, en los últimos años, por las autoridades.
Cabe recordar que Palomino fue capturado el 10 de diciembre de 2019 en Venezuela, específicamente, en la ciudad de Cabudare, Estado Lara, por funcionarios de la División de Investigaciones de Interpol, de la Dirección de Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, en cumplimiento de una Circular Azul emitida desde Colombia por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
La Fiscalía 148 contra el Crimen Organizado de Barranquilla, mediante orden de captura 396 de fecha 28 de agosto de 2018 ya lo requería y la Policía Metropolitana de esta ciudad ofrecía hasta 50 millones de pesos por su detención.
La autoridad venezolana detalló que en ese momento de la detención, alias Digno o Sebastián se presentó ante las autoridades con una documentación falsa a nombre de “Leonardo Fabio Sánchez Palomino”. En ese sentido, bajo esta identidad y de acuerdo con la información emitida por Venezuela, el capo y líder de la banda Los Costeños se movía a sus anchas en el Estado de Lara identificándose de esta manera hasta el momento en que cayó en manos de las autoridades.
En el vecino país, tal y como consta en el documento conocido por AL DÍA, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en los años siguientes, es decir en 2020 y 2021, inició el trámite jurídico para escuchar en audiencias preliminares al detenido y, al tiempo, resolver el tema de la extradición.
Esto último basado en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela de que si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.
Sin embargo, con el paso del tiempo, este habría sido el motivo por el cual quedó en el aire la expulsión desde el vecino país del capturado, en sentido de que Colombia dejó de continuar con el trámite debido al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia, “tal como se desprende del oficio número 381, de fecha 1 de septiembre de 2020, recibido por la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 6 de octubre de 2020”, con relación al tema.
En el documento del Tribunal Supremo de Justicia sobre el proceso de extradición de Palomino Rodríguez se lee: “No obstante, en relación al lapso aludido, se reitera que revisadas las presentes actuaciones, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, verificó que no consta en autos la solicitud formal de extradición del ciudadano Digno José Palomino Rodríguez, por parte de la República de Colombia, así como tampoco la documentación judicial que sustente dicha petición, la cual resulta necesaria para examinar los requisitos de fondo que en Derecho interno e internacional rigen en materia de extradición, tal como lo dispone el artículo 8 del Acuerdo, suscrito entre las Repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, firmado en Caracas, el 18 de julio de 1911, (Acuerdo Bolivariano)”.
Por esta razón, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el pasado 25 de mayo archivar la solicitud de extradición.
