La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro había decretado el estado de emergencia económica en todo el país, una medida adoptada a finales de 2025 para enfrentar la situación fiscal.
La decisión deja sin efectos jurídicos el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, que le permitía al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley para atender la crisis económica. Con este fallo, el decreto sale del ordenamiento jurídico y deja de producir efectos.
El pronunciamiento fue adoptado por la Sala Plena del alto tribunal en el marco de la Sentencia C-075 de 2026. Sin embargo, la decisión no fue unánime, ya que algunos magistrados presentaron salvamentos parciales de voto, cuyos argumentos se conocerán posteriormente.
Además de tumbar el decreto principal, la Corte también se refirió a otras normas expedidas en desarrollo de la emergencia. En ese sentido, determinó que los decretos derivados continuarán sin producir efectos mientras se emite un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.
La emergencia económica había sido decretada por el Gobierno con el objetivo de enfrentar el déficit presupuestal y permitir la adopción de medidas urgentes, entre ellas la creación o modificación de impuestos. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no se cumplían las condiciones necesarias para aplicar este tipo de mecanismo excepcional.
Este fallo representa un revés clave para el Gobierno nacional, que pierde una de las principales herramientas que buscaba utilizar para atender la situación fiscal del país, en medio de tensiones políticas y económicas que siguen marcando la agenda nacional.