Condenan a exgobernador de Magdalena por su vínculo con un entramado de corrupción
Según la Fiscalía General de la Nación, Francisco José Infante Vergara se habría apropiado de los recursos de un contrato destinado a la toma de muestras para detectar el VIH.
- Fiscalía demostró que el exgobernador de Magdalena, Francisco Infante Vergara, incurrió en corrupción en un contrato de salud pública.
- La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 15 años de prisión y ordenó su captura inmediata.
- Contrato de 443 millones de pesos no fue ejecutado correctamente y dejó sin atención a más de 1.000 personas.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado de Magdalena, Francisco José Infante Vergara, a 15 años, 8 meses y 6 días de prisión.
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La decisión también incluye el pago de 2.589 millones de pesos en daños y perjuicios, así como una multa equivalente a 1.153 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La orden judicial estipula que la pena sea cumplida en un centro carcelario, por lo que se ordenó su captura inmediata.
Acusación de peculado y contratación irregular
La condena se dio tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que demostró en juicio oral que Infante Vergara incurrió en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Según el fallo, el exgobernador se apropió de recursos destinados a un contrato de salud orientado a la detección del VIH en poblaciones vulnerables de Magdalena.
Detalles del contrato 372 de 2007
La investigación de la Fiscalía reveló que en 2007, Infante Vergara dio vía libre a la celebración irregular del contrato 372, con un valor de 443 millones de pesos. El objetivo era realizar pruebas de VIH a 4.000 habitantes de sectores vulnerables. Sin embargo, el contrato se celebró con un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no cumplía con los requisitos legales mínimos.
Irregularidades en el proceso de contratación
El IPS seleccionado no estaba inscrito en el Ministerio de Salud, carecía de personería jurídica, infraestructura y solvencia financiera, y presentó una oferta comercial con precios superiores a los del mercado. A pesar de estas irregularidades, se le otorgó el contrato, vulnerando los procesos de selección y contratación establecidos.
En la fase de ejecución del contrato, se ordenó el desembolso de un anticipo del 50 % del valor total. Este dinero fue consignado a una cuenta que no correspondía a la registrada por el IPS en el proceso de contratación, lo que generó alertas en el seguimiento del uso de los recursos públicos.
Incumplimiento en la ejecución del servicio
El contrato fue liquidado y los pagos realizados en su totalidad, aunque las obligaciones no se cumplieron completamente. Los documentos aportados mostraban que la población beneficiaria había sido atendida en su totalidad, pero en la verificación se encontró que 1.065 personas no recibieron el servicio. Además, se realizaron pruebas aleatorias con algunos de los supuestos beneficiarios restantes, quienes manifestaron que nunca recibieron atención.
La Fiscalía destacó el fallo de la Corte Suprema como un ejemplo en la lucha contra la corrupción en la gestión de recursos públicos, especialmente en sectores vulnerables. Un vocero de la entidad indicó que “la condena a Infante Vergara es un precedente importante en la defensa de los recursos destinados a la salud pública”.
Sanciones adicionales y seguimiento al caso
Además de la pena privativa de libertad, el exgobernador deberá cubrir una indemnización significativa por los daños y perjuicios causados. Las autoridades anunciaron que el proceso de captura de Infante Vergara se encuentra en marcha y que se hará seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
