Air-e no recaudará tasa de seguridad, alumbrado y aseo a partir de noviembre

• Air-e dejará de recaudar tasas de seguridad, alumbrado y aseo en Atlántico a partir de noviembre.
• La medida busca reducir tarifas de energía en la región, según el agente interventor Carlos Diago.
• Entidades deben buscar nuevos métodos de recaudo para evitar retrasos en sus ingresos.

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Air-e dejará de recaudar tasas de seguridad y alumbrado público en Atlántico

La empresa Air-e, encargada del suministro de energía en el Atlántico, anunció que a partir del mes de noviembre dejará de recaudar los pagos correspondientes a la tasa de seguridad, alumbrado público y aseo en las facturas de los usuarios de la región. Esta medida fue confirmada por Carlos Diago, agente interventor de la compañía, como parte de una estrategia para reducir las tarifas de energía en el departamento.

Decisión para reducir tarifas

El agente interventor explicó que la medida es una respuesta a la necesidad de reducir los costos asociados a la factura de energía. “No vamos a ser recaudadores de terceros porque estaríamos incurriendo en una actuación anticonstitucional. El servicio de energía está protegido constitucionalmente y no se puede retardar o afectar por cosas de terceros”, afirmó Diago en una entrevista con EL HERALDO.

Esta decisión se suma a la eliminación del cobro de opción tarifaria, que se implementó desde el mes de octubre, y ha representado una disminución del 20 % en el precio del kilovatio hora para los usuarios.

Impacto para los usuarios

Con la eliminación de estos cargos adicionales, la factura de energía de los usuarios del Atlántico se verá afectada de manera positiva, ya que se eliminarán las tasas ajenas al servicio eléctrico. Sin embargo, Diago fue claro al señalar que las entidades que dependen de este recaudo deberán encontrar nuevas formas de cobrar estos servicios. “Les estamos avisando con 30 días de anticipación para que busquen otro recaudador de sus impuestos, tasas, contribuciones, entre otros”, agregó el agente interventor.

Notificaciones a las entidades

Diago también indicó que se han iniciado las notificaciones a las entidades responsables de la recolección de estos recursos, para que definan la ruta que seguirán a partir de noviembre. La medida pretende asegurar que el servicio de energía no se vea afectado por cargas administrativas o financieras que no corresponden a la prestación del servicio.

“El objetivo es garantizar que los usuarios reciban un servicio sin interrupciones y que no se vean afectados por cobros que no son constitucionalmente válidos”, afirmó Diago.

Facultades del agente interventor

El agente interventor subrayó que esta decisión se puede adoptar de manera unilateral, amparado en sus facultades legales. “Soy un agente especial revestido de poderes y de obligaciones. Si yo incumplo mi obligación, estoy faltando al juramento que hice de proteger la Constitución”, manifestó. También reconoció que otras administraciones de la empresa habían permitido estos cobros, pero dejó claro que bajo su gestión esto no continuará.

Situación de pagos pendientes

En relación con las posibles deudas pendientes con la Gobernación del Atlántico o el Distrito de Barranquilla, Diago explicó que no tiene conocimiento de estos pagos, en parte debido al hackeo que sufrió la empresa previo a la intervención. “Tendrán que mostrarnos los soportes. Es un acuerdo de terceros en el que no estamos involucrados y nos quieren involucrar. Si les debemos plata no se las vamos a pagar, porque es un cobro anticonstitucional”, enfatizó.

Facturación retrasada

El agente interventor también se refirió a la situación de la facturación, que ha presentado retrasos debido a la situación administrativa de la empresa. Sin embargo, aseguró que ningún usuario recibirá la factura correspondiente a octubre sin haber recibido previamente la de septiembre.

“Estamos trabajando para normalizar la situación lo más pronto posible y que los usuarios no se vean afectados por estos retrasos”, concluyó.

Próximos pasos

Con la entrada en vigor de esta decisión en noviembre, las entidades locales deberán definir cómo continuarán con la recolección de las tasas de seguridad, alumbrado público y aseo.