Durante el debate de control político que se cumplió este martes en la Comisión Quinta del Senado, María Virginia Torres, presidenta de la SAE -secuestre de las acciones de Inassa en la Triple A- , dijo que por las dificultades de la empresa de servicios públicos de acceder al sector financiero, se han tenido que pagar aceleradamente y cumplidamente las obligaciones para ganar confianza con la banca.
Aclaró que "en Barranquilla la Triple A es muy querida y todos se preocuparon por nuestra intervención en la empresa. Pero tenemos a nuestro cargo más de 1.300 sociedades, incluyendo Grajales, que es muy grande. Y como secuestres de las acciones de Inassa solo tenemos derechos políticos y de voto".
Advirtió igualmente sobre aparentes maniobras para dificultad la labor de la SAE: "Hemos tenido un rechazo sistemático porque Inassa ha llegado a intervenir en las asambleas por el socio minoritario Canal Extensia. Y aunque la mayoría de gente en la empresa es buena se generaron unos nichos ejecutivos que participaron de la debacle administrativa. (...) Gente de muy alto nivel nos ha ocultado información en la empresa".
De otro lado, el senador Jorge Robledo, citante, pidió al alcalde de Barranquilla Alex Char declarar la caducidad del contrato de concesión con la Triple A por los aparentes actos de corrupción en esta empresa.
"Entre las soluciones que yo propongo está que el alcalde Char debe declarar la caducidad de ese contrato, esa es la invitación que le hago yo a la ciudad, para llegue una empresa que administre las cosas de mejor manera", dijo el parlamentario opositor del Polo Democrático.
Agregó en su exposición el senador ante la célula legislativa: "Reconozco que en la ciudad de Barranquilla hay avances en varios campos en los últimos años, pero esta tragedia tiene su origen en los noventas y el gobierno de César Gaviria, que fue privatizar, privatizar y privatizar. Eso sucedió en Barranquilla. (...) Las alcaldías de la privatización de Triple A fueron, a principios de los noventas, las de Edgar George, el Cura Hoyos, y sigue Guillermo Hoennigsberg. Y el contrato lo mantuvieron luego Char y Elsa Noguera".
Recordó además Robledo las pesquisas de los entes de control sobre la empresa y dijo que "por corrupción se perdieron $334 mil millones, y todo viene de las tarifas, todo lo paga la gente de Barranquilla y el Atlántico. (...) La justicia española dice que Ignacio González dirigió una organización criminal en el Canal de Isabel II. 'El Mundo' dice que entró plata de la Triple A de Juan Manuel Santos en 2010".
Añadió en este sentido que el exgerente de Triple A Ramón Navarro "ya confesó la corrupción. Este robo se da mediante el cobro de Inassa a la Triple A un servicio que no se daba. Es un robo a la Triple A, es decir a los barranquilleros. También hubo un pacto oculto de los accionistas para no pagar impuestos, es decir también nos robaban al no pagarle al Estado".
Finalmente, se quejó del veto del sector financiero a la empresa de servicios públicos: "¿Por qué los bancos no les atienden las necesidades a la empresa de agua de Barranquilla? Los barranquilleros deben protestar. Esos bancos se han enriquecido en la ciudad".
Por su parte, el senador barranquillero José David Name, de La U, indicó que "la Triple A presta un buen servicio, y traer a las empresas públicas otra vez sería volver a la horrible noche. La preocupación es volver al pasado y que no se mantenga el excelente servicio que tenemos".
Por último hizo una denuncia sobre Guillermo Peña, gerente actual de la Triple A desde que la SAE asumió el 82% de las acciones de Inassa: "Tengo una denuncia en mi poder y la voy a hacer llegar a los entes de control. Esto es de la nueva administración. Le pregunto al gerente de Triple A si es cierto que él hace parte de la junta directiva de Brasilia, y por qué contrató la Triple A con Brasilia"
No obstante, el gerente de la Triple A contestó que "el 18 de enero -dos días después de asumir en Triple A- renuncié a la junta directiva de Brasilia porque sabía que existían contratos entre Triple A y Brasilia desde 2017, y me declaré impedido en decisiones sobre Brasilia. En ese contrato se han pagado $1.056 millones".
Dijo así mismo Peña, al defender la gestión de la empresa, que "la Triple A definió no usar el tope máximo de su tarifa, estamos un 20% por debajo de lo que podríamos cobrar" y puso de presente que "en Barranquilla recibimos el agua más sucia del país y entregamos el agua más limpia del país".
Y concluyó: "Triple A tiene 1.070 empleados que han asumido sus responsabilidades y han logrado mantener los indicadores".
El senador liberal Guillermo García Realpe señaló que los hechos de corrupción han trascendido la ciudad de Barranquilla: "Lo que pasó con la Triple A o Electricaribe son hechos muy graves para el Caribe. Los españoles no sólo han cometido fechorías en Barranquilla, también en Santa Marta y otras ciudades del país".
Y la senadora cartagenera Daira Galvis, de Cambio Radical, dijo que en Cartagena ha habido presuntos actos de corrupción similares a los de la capital atlanticense: "Mi tema concreto era demostrar cómo se había multiplicado lo de Triple A en otras ciudades como Cartagena con Aguas de Barcelona. A los cartageneros se les están cargando las pérdidas dentro del cobro. Este debate lo voy a presentar pronto. Aguas de Cartagena alteró los cobros del estrato 6 para el tema de los subsidios y tuvieron que devolver $17 mil millones".