Prima de Ramsés Vargas era quien movía millonarias cuentas de banco

En medio de la primera diligencia de legalización de allanamientos realizada ayer por la Fiscalía contra los nueve capturados por los supuestos actos de corrupción dentro de la Universidad Autónoma del Caribe, la representante de la Fiscalía señaló ante el juez que uno de los indiciados, en este caso Cindy Paola Solar Vargas, exdirectiva del área de tesorería de la Universidad y prima de Ramsés Vargas Lamadrid, era quien tenía el poder del exrector para realizar “todo trámite bancario y cualquier movimiento de sus cuentas de ahorros...”.

La fiscal leyó además de la carpeta que contenía información del procedimiento de captura realizado a las 6:00 de la mañana del miércoles en la carrera 75 con calle 70, en el barrio La Concepción, que en la vivienda de Solar Vargas se encontró documentación bancaria que mostraba movimientos o transferencias en “cuenta No. … por valor de 400 millones con formato transacción en caja de fecha 29 de abril de 2016… un formato de transacción por valor de 395 millones, cuenta por valor de 510 millones con un poder especial para cancelación de CDT suscrito entre Ramsés Vargas y Cindy Paola Solar Vargas”.

Con esa información preliminar, de acuerdo con la Fiscalía, se pretenden demostrar los movimientos que hacía Vargas Lamadrid de dinero de la Universidad Autónoma, aparentemente, de manera ilegal. La diligencia de legalización de allanamientos se desarrolló la tarde de ayer en la sala 13 del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.

Los nueve detenidos fueron identificados como: Efraín Augusto Maldonado Palma, jefe de sistemas y representante legal de la universidad; Orlando Saavedra Magri, miembro del consejo directivo y la sala general; Mariano Romero Ochoa, miembro de la sala general de la Universidad y muchas veces rector encargado; Jesús David Pantoja Mercado, ex secretario general; Yeseny Morales Magdaniel (esta última capturada en la ciudad de Bogotá); Cindy Paola Solar Vargas, prima de Ramsés Vargas y empleada del área de tesorería; Laura del Carmen Laíno García, quien se desempeñó en la oficina jurídica y docente de la facultad de derecho; Johana Martina Hildebrandt Royo, exvicerrectora financiera de la Universidad Autónoma, y Pedro Sierra García, ex vicerrector administrativo.

La Fiscalía investiga a estas personas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa. En la misma diligencia de legalización de allanamiento, el representante del capturado Efraín Augusto Maldonado Palma trata de tumbar su captura, argumentando que se trató de un procedimiento ilegal.

AL DÍA conoció que el abogado se basa en videos de la cámara de seguridad del edificio de la carrera 59B con calle 91, lugar donde fue detenido Maldonado Palma, en las que se aprecia el ingreso, según el apoderado, de un hombre encapuchado y con una gorra que dirige el operativo. Para él “se trató de un quebrantamiento”.

Sin embargo, el juez decidió darle validez a la acción ejecutada por el ente investigador y el Ejército. La representante del ente investigador también reiteró ayer que la investigación en contra de la universidad inició a raíz de las denuncias de los estudiantes.

“Se manifestó que se obligaba a los estudiantes a cancelar entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 dineros de matrículas en efectivo sin los requisitos respectivos por parte del Ministerio de Educación Nacional”.

Supuestamente, según las pesquisas preliminares de la Fiscalía, para esa fecha existió en la alma mater un comité que no estaba legalmente constituido y convocó una reunión que resolvió recibir dineros en efectivo.

“Dicho comité estaba integrado por crédito y cartera y vicerrectoría de la Universidad”, dijo la fiscal. Además de eso, la representante del ente investigador se concentró en reportar información hallada en los domicilios de los otros capturados. Por ejemplo, la fiscal dijo que en la casa de Orlando Saavedra Magri, miembro de Consejo Directivo y la Sala General de la Universidad, se encontró documentación relacionada con un “acuerdo de confidencialidad” y “evaluaciones a candidatos de la sala general”.

En Villa Campestre, lugar donde fue detenido Jesús Pantoja, fueron encontrados folios con actas de la Sala General de 2015 y 2017. Además “documentos que demuestran bonificaciones a Ramsés Vargas por 22 mil dólares”. Al cierre de esta edición, la fiscalía encargada del caso exponía ante el juez de control de garantías los motivos de las capturas de los indiciados.

LO BUSCAN EN CARTAGENA

La búsqueda del exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, se extendió ayer a Cartagena y algunas de sus islas. Así lo conoció ayer AL DÍA luego de obtener información suministrada por la Fiscalía, encargada de los operativos de búsqueda.

Se supo que el exdirectivo de la universidad se habría trasladado a La Heroica luego de que el ente investigador iniciara desde el miércoles las detenciones en la capital del Atlántico de algunos de sus colaboradores cuando este era el rector del alma mater.

Fuentes de la Fiscalía, consultadas por esta casa periodística, señalaron que funcionarios del CTI llegaron en la mañana de ayer hasta el edificio Ibiza de Cartagena, en donde se suponía que debía estar Vargas Lamadrid, pero solo hallaron a tres de sus hijos con la empleada del servicio y un escolta.

Allí el ente investigador consiguió documentación de la Universidad Autónoma y de inmediato fue puesta bajo custodia. Horas posteriores a eso, la información que se manejó fue que Vargas Lamadrid había tomado una embarcación hasta una isla cercana a Cartagena, presuntamente, para buscar aislamiento.

Por varias horas, las autoridades ampliaron la búsqueda por mar, pero los recorridos no dieron frutos. El miércoles, al menos 30 funcionarios del CTI, apoyados por miembros de la Segunda Brigada del Ejército, ya habían estado en el edificio Gaia de la calle 82 con carrera 58, norte de Barranquilla, para darle captura a Ramsés Vargas, vinculado a una investigación del ente por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, los uniformados no lo ubicaron en el sitio.

En otros operativos, las autoridades dieron captura a nueve personas vinculadas a la Universidad en cargos administrativos, cuando Vargas fungía como rector. La Fiscalía investiga a Ramsés Vargas por concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documento privado y estafa.

CON LA MISMA VARA: SILVIA GETTE

Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe y acusada del delito de abuso de confianza calificado por el caso de los autopréstamos cuando estaba al mando de la universidad, se mostró ayer complacida con las capturas realizadas por la Fiscalía contra los colaboradores de Ramsés Vargas Lamadrid, quien la sucedió años atrás en el primer cargo del centro educativo.

“Faltan muchos aún que sabían sobre có mo se estaban manejando los recursos al interior de la universidad. Falta mucha gente por capturar que estaba interviniendo”, expresó la exrectora. Gette dijo que “en la Universidad pasaron cosas muy extrañas, estaba super bien cuando yo estaba y ya no hay nada. La universidad de Miami, el polideportivo...”, recordó.

Gette Ponce fue citada ayer por el juez Décimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento en cumplimiento a la audiencia de juicio oral dentro del proceso por el caso de los autopréstamos. Casualmente, en el mismo complejo judicial se estaban abriendo las audiencias preliminares contra los exempleados de la Universidad Autónoma en el periodo de Ramsés Vargas.

La exrectora es acusada por la Fiscalía 13 de la Dirección Nacional contra Lavado de Activos por el delito de abuso de confianza calificado. Cabe recordar que entre los años 2008 y 2012, Silvia Gette realizó autopréstamos por valor de $2.129.197.990, dineros que se dispuso a cancelar mediante cuotas de $3 millones mensuales y sin intereses.

Esa acción fue denunciada por la Universidad en su momento. A las 8:40 de la mañana de ayer estaba programado el juicio oral que se adelanta contra Gette Ponce en el edificio Lara Bonilla en el centro de Barranquilla. Sin embargo, hacia las 10:20 a.m., la audiencia fue suspendida debido a que el equipo de abogados defensores de Gette tomó la decisión de recusar el juez a cargo.

Con información de: Camilo Bermúdez.