Mujer denunció haber sido violada en su lugar de trabajo, pidió traslado y se lo negaron

Por medio de un documento presentado a la Corte Suprema de Justicia, una mujer solicitó un traslado laboral del juzgado donde labora argumentando un caso de abuso y violación sexual de la que fue víctima.

Según el radicado enviado al alto tribunal, un desconocido ingresó al despacho judicial donde laboraba la mujer y la obligó a tener relaciones sexuales con él, y aunque no determina si hubo testigos de este hecho, se presume de acuerdo a su testimonio, que los sucesos se presentaron el 28 de febrero del 2017, alrededor del mediodía.

A raíz de este episodio, la mujer empezó a presentar un deterioro progresivo de su condición de salud mental por lo que estuvo durante tres meses en hospitalización psiquiátrica, por esta razón su médico determinó que era pertinente un cambio de lugar de trabajo. “Yo no podía permanecer mucho en el juzgado, me desesperaba, me ponía a llorar… me dio mucha ansiedad y me refugiaba en la comida. Estoy tomando medicamentos para poder dormir… el coordinador que está pendiente de los despachos no sabía que llevaba más de seis meses fuera de la oficina” manifestó la víctima.

Ante estas circunstancias a través de un derecho de petición, la mujer le requirió al Consejo Superior de la Judicatura “solicitar la viabilidad de un traslado a otro despacho judicial, de ser posible en el municipio de Soacha o sus alrededores”.

Sin embargo, para su sorpresa la respuesta de esta instancia fue que “no existe nexo causal entre el riesgo y el ejercicio de actividades de la servidora judicial, por lo que no es objeto de protección de aquel organismo” lo que explica en pocas palabras la negativa del traslado puesto que el Consejo no considera que la mujer presente ningún tipo de incapacidad para realizar su labor en el lugar donde está.

No obstante la víctima siguió insistiendo en su solicitud, anexando los documentos médicos que avalaban su afectación psicológica y el tribunal, por segunda vez le negó su petición argumentándole trivialidades como por ejemplo, que se deben hacer estudios de eficiencia o evaluar la viabilidad financiera. Igualmente rechazan el radicado del documento porque “no presentó su solicitud dentro de los cinco primeros días hábiles del mes” o porque no indicaba el despacho judicial de su interés.

La respuesta del Consejo Superior desató las críticas por parte de la opinión pública y de las organizaciones dedicabas a la protección de víctimas del abuso sexual, además de la magistrada ponente, Margarita Cabello puesto que considera que esta situación la expone “a la injusta situación de seguir reviviendo la violación sufrida, con las consecuencias de padecimiento que allí derivan”.