¡Los están aniquilando!: Van 7 en 13 días

Todo indica que está en marcha un plan de aniquilación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Las cifras así lo demuestran: el año pasado fueron asesinados 172, es decir uno cada dos días, mientras que en lo que va de 2019, han sido ultimados siete activistas.

Estas son las víctimas

El primer líder social asesinado este año en el país fue Gilberto Valencia. En pleno desenguayabe por las fiestas de fin de año, pistoleros le segaron la vida a las 9:30 de la mañana del pasado 1o. de enero.

Valencia era presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio de Suárez (Cauca). Además de ser un activista social este hombre de 38 años era un reconocido músico en esa región.

No habían transcurrido 24 horas de este crimen cuando fue víctima de los violentos Jesús Adier Perafán, de 52 años, acribillado en Caicedonia (Valle del Cauca). Era un destacado activista de derechos humanos en ese departamento.

El 4 de enero, dos días después, fue asesinado por hombres armados en la vereda El Carmelo, jurisdicción de Cajibío (Cauca), el líder comunitario Wilmer Miranda, de 32 años, quien realizaba trabajos sociales con asociaciones de campesinos.

Ese mismo día, en Hacarí (Norte de Santander), pistoleros motorizados acabaron con la vida de Wilson Pérez, del Movimiento por la Constituyente Popular. A sus 30 años, este líder social se destacaba por impulsar obras sociales en los sectores más golpeados por la pobreza en ese municipio.

Antes de que terminara ese día, Hacarí se conmocionó por el homicidio de Dima Parada, de 45 años. Fue atacado por sujetos armados cuando estaba en la terraza de su casa. Este líder social era el presidente de Asojuntas en ese municipio nortesantandereano.

El 6 de enero, en plena celebración de los Reyes Magos, desconocidos ultimaron a Maritza Quiroz, representante de la Mesa de Víctimas del Magdalena. Fue baleada en su casa en Santa Marta.

La espiral de violencia y muerte contra los activistas sociales en lo que va de este año, cerró con el crimen de Miguel Gutiérrez, de 40 años, atacado a bala el pasado 7 de enero en Cartagena del Chairá (Caquetá). Era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, de esa localidad caqueteña.

¿Por qué los matan?

Las razones por las que en Colombia ha aumentado el asesinato de líderes sociales, indígenas, afrocolombianos y reclamantes de tierras, tampoco están muy claras.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo aseguran que las causas de estos crímenes están relacionadas con la defensa de territorios étnicos, oponerse a la expansión de la minería y la agroindustria, denunciar el problema de la tierra o reclamar sobre esta, así como la estigmatización.

Otras causas serían la “expansión de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), los grupos disidentes de la exguerrilla Farc que no se acogieron al pacto de paz de 2016, y la reorganización de los reductos de paramilitares desmovilizados en 2006, según la Defensoría del Pueblo.

Panorama aterrador

Cada dos días fue asesinado un defensor de derechos humanos o líder social en Colombia en 2018, lo que supone un alza del 36,5% en relación con el 2017, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

“En el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, 46 más que el año anterior”, precisó el organismo en un comunicado. Entre los asesinados había 158 hombres y 14 mujeres, subrayó.

Desde 2016, ese despacho ha contabilizado 431 asesinatos de activistas, en su mayoría indígenas, campesinos y afrocolombianos.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, manifestó su “preocupación ante la situación de riesgo” en la que se encuentran los activistas y denunció que los crímenes “se han materializado ante los ojos de todas las autoridades”.

Las zonas con mayor número de homicidios fueron los departamentos del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, que tienen presencia de narcocultivos y economías irregulares como minería ilegal y contrabando.

PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO

El gobierno de Iván Duque ha reconocido el incremento de los asesinatos y se ha comprometido a implementar medidas para evitar esa situación, que el año pasado provocó masivas manifestaciones callejeras.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró “enormemente preocupado” en diciembre por los crímenes contra esta población. En el último informe trimestral sobre la misión de verificación de Naciones Unidas sobre el acuerdo con las Farc en Colombia, el organismo aseguró haber confirmado 163 homicidios de 454 casos reportados desde la firma del pacto en noviembre de 2016.“La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en zonas abandonadas por las antiguas Farc y donde la presencia del Estado es limitada”, reza el documento.

ALARMANTE RADIOGRAFÍA

Un informe de la Fiscalía conocido por este medio contiene un censo sobre el asesinato de líderes sociales desde el 2016 y con corte al 31 de diciembre del 2018 y muestra la radiografía de las muertes de los defensores de los derechos humanos en Colombia.

En ese informe se analizan 231 casos que están certificados por las Naciones Unidas, en donde registran avances en las investigaciones con 294 personas vinculadas y 189 personas capturadas.

En el documento de la Fiscalía se precisa un avance del 54,55 % en el esclarecimiento de los homicidios de líderes sociales y aún se encuentran 50 asesinatos en fase de verificación por parte de las Naciones Unidas.

El 85 % de los casos con 197 víctimas fueron hombres, 28 mujeres y 6 integrantes de la comunidad LGBTI asesinados.

El 37 % de las víctimas eran líderes miembros de juntas de acción comunal, mientras que líderes comunitarios corresponden al 24 %, indígenas 13 % y campesinos el 10 %; también hay líderes sindicales, políticos, de organizaciones de víctimas, de afrodescendientes y de población LGBTI.

Los departamentos más afectados son Antioquia con el 16% de los casos, seguido por Cauca con el 13 %, Norte de Santander con el 11 %, Valle del Cauca con el 6 % y Nariño con el 5 %. Ante este panorama desolador, el país y la comunidad internacional exigen mayor protección para los activistas sociales colombianos.