Las ‘mil y una condena’ que quedaron ocultas en un juzgado

Un fiscal adscrito ante altos tribunales investiga desde hace un par de años un caso que podría tratarse de un espiral de corrupción dentro de la Rama Judicial en Barranquilla.

AL DÍA conoció en exclusiva apartes de esta investigación que es llevada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública del ente y que involucra a exjueces y a funcionarios de juzgado, quienes habrían ‘enterrado’ procesos judiciales sentenciados o fallados, acción que derivó en la prescripción de los mismos. La maniobra, a su vez, sirvió para que los acusados nunca cumplieran la condena impuesta por el juez.

La Fiscalía trata de determinar qué ocurrió en el entonces Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla cuando en 2017 fue reemplazado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito tras el retiro de la togada Sonia Sánchez con el beneficio de la pensión.

En ese entonces el cargo fue ocupado por la juez María Patricia Jácome, quien, luego de su posesión, empezó en la tarea de poner en orden el juzgado y a revisar los estantes que estaban en el despacho, con lo que fue encontrando cajas y cajas repletas de carpetas que contenían más de 1.000 procesos que habían prescrito, todos con condenas en delitos como homicidios, concierto para delinquir, fraude procesal, porte de armas de fuego, acceso carnal violento y violencia sexual, entre otros.

La prescripción, según lo que conoció esta casa periodística, sucedió tras ser aparentemente ‘engavetados’ por los funcionarios encargados que no le dieron traslado de estos expedientes a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas, como tampoco traslados de los recursos a las partes intervinientes (víctimas, abogados y fiscales) en los procesos fechados entre 1995 y 2007.

Este periodo entre el 95 y 2007 no pasa desapercibido, pues para nadie es un secreto que fue un lapso de terror en la Región Caribe por la presencia del paramilitarismo. Barranquilla y Atlántico no estuvieron exentos de ese accionar criminal. Datos de las autoridades registraron que en aquella época la capital fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos de sindicalistas, políticos, académicos y comerciantes entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.

La investigación de la Fiscalía hoy trata de precisar también si en el extenso número de expedientes aparecen víctimas y victimarios de esa cruel etapa de las AUC.

Ante la presunta irregularidad que encontró la juez Jácome, se inició un proceso disciplinario contra el entonces “oficial mayor” del juzgado involucrado y suspendió a este del cargo durante más de un año. Así mismo, la juez notificó al Consejo Seccional de la Judicatura de los supuestos hallazgos irregulares.

“Son tutelas”

Con el fin de la Ley 600 y la entrada del Sistema Acusatorio (Ley 906 de 31 de agosto de 2004), cuya vigencia se inició a partir del primero de enero de 2005, se buscó la descongestión de los despachos judiciales, por lo que el entonces juzgado Quinto fue uno de los beneficiados. La juez Sánchez consiguió el apoyo de otros despachos adjuntos para resolver casos y, según lo que pudo conocer EL HERALDO, la togada no resolvió los procesos que quedaron ‘enterrados’ sino que jueces adjuntos colaboraron con decisiones.

Sin embargo, la juez, en la continuidad del proceso judicial, era quien le daba los vistos buenos a aquellas sentencias y posteriormente ordenaba a los funcionarios el traslado de las carpetas a los jueces de Ejecución de Penas.

Lo llamativo de esto es que, al parecer, aquellos funcionarios le hacían creer a la entonces juez Sonia Sánchez que las carpetas se iban hacia su último destino y cuando ella preguntaba por qué la oficina estaba “tan llena de documentos” estos respondían que lo que contenían las cajas eran “tutelas” y ella confiaba en eso.

Con la llegada de Jácome al cargo esta presentó denuncia penal contra la juez Sánchez y los exfuncionarios, y el caso lo llevaron a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, en donde hoy reposa.

Este es el segundo caso de corrupción que se conoce en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla en los últimos años.

Cabe recordar que en 2015, el entonces fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre dio a conocer sobre una red de corrupción que involucraba a nueve funcionarios públicos, dos abogados penalistas y una líder comunal.

Los detenidos afrontaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, concusión, constreñimiento ilegal, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Las autoridades informaron en su momento que estas personas “recibían dinero para asignar audiencias a determinados despachos, con el fin de obtener decisiones contrarias a derecho y favorecer intereses particulares”.

Las autoridades documentaron en ese entonces 20 hechos ilegales, de los que destacaron los favorecimientos a traficantes de drogas y a un acusado de financiar a la bacrim ‘los Rastrojos’.

“Se valieron de ciertas artimañas para favorecer a personas sindicadas de delitos, obteniendo algunos beneficios con estas decisiones”, señaló el general Rodolfo Palomino, el entonces director de la Policía Nacional.

Alerta

Aparte de los procesos que prescribieron, hoy la Fiscalía está en alerta por la misma suerte que podrían correr más de 1.500 procesos que se tramitaron en dichos juzgados bajo la Ley 600 y que se encuentran en etapa de indagación.

Lo que agrava la situación es que en Barranquilla solo hay cuatro fiscales de Ley 600, pero tres son los que estudian los procesos y uno es el que asiste a las audiencias bajo la antigua Ley.

Esta situación ya sería de conocimiento del fiscal general encargado Fabio Espitia Garzón, pero aún no se le ha dado solución al tema. En ese sentido se hace urgente que la Fiscalía General de la Nación le inyecte más fiscales para evacuar los procesos y no permitir que prescriban como ocurrió con los otros.

Fuentes del Centro de Servicios Judiciales informaron a este medio que el Consejo Seccional de la Judicatura abrió algunos procesos de “conciliación” con víctimas de los casos que fueron manejados por el Juzgado Quinto Penal del Circuito y los jueces adjuntos. Mientras eso se resuelve, la Fiscalía continúa con la investigación de fondo.

No aparece la investigación contra Clementina

Dentro de los miles de procesos ‘engavetados’ por los que se investigan a funcionarios judiciales se destaca uno por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado, que tuvo como procesados a José Luis Gómez Ramírez, Dagoberto Díaz Pérez y Clementina Contreras Reyes. Esta mujer, de acuerdo con las investigaciones judiciales, tiene más de 24 anotaciones en los registros de la autoridad.

Según la investigación, los tres sujetos antes mencionados asesinaron a Hermes Tedosio y Olga Nieto Santiago, en medio de un hurto.

El hecho sucedió en el año 1999 en la capital del Atlántico, de acuerdo con registros de prensa.

“El expediente que debería estar en un juzgado de ejecución de penas, pero se quedó en su momento en el Juzgado Quinto Penal del Circuito. Sin embargo, el proceso no aparece por ningún lado, solo se encontró en las cajas del juzgado investigado una resolución del 15 de septiembre de 2000 de la fiscalía 37 de la unidad de vida donde se hace referencia a las actuaciones judiciales”, se destaca en una de las actuaciones que ha cumplido el ente investigador, en relación al caso investigado contra el juzgado.

De acuerdo con las autoridades, la bumanguesa Clementina Contreras Reyes de 57 años es famosa en el ámbito judicial debido a su record de más de 24 anotaciones.

La señalan de haber participado en hurtos a bancos, cosquilleos y atracos llevados a cabo en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Con este nuevo hallazgo sobre su participación en un homicidio, las autoridades indagan si esta sería la anotación numero 25 o si hay otros casos donde esté involucrada la mujer.

Nunca cumplió su condena

El 2 de noviembre de 2007, Barranquilla se despertó conociendo la noticia de un macabro asesinato. Una mujer y su hija fueron encontradas muertas con signos de tortura en el interior de una vivienda en el barrio Las Mercedes en el norte de la ciudad.

Las víctimas resultaron ser Lilian Zamora Callejas y Dunia Dueñas Cardiles, hermana y sobrina del político Juan Carlos Zamora Callejas, actual concejal de Barranquilla por el Partido Coservador.

EL HERALDO pudo conocer que por este doble crimen, la Fiscalía vinculó al proceso como presunto autor a Jesús María Escorcia Epalza, quien fue condenado por el juzgado de Quinto Penal del Circuito como responsable del delito de homicidio agravado.

Sin embargo, Escorcia Epalza nunca cumplió su condena. En las cajas encontradas por la juez denunciante, se encontró un oficio donde se ordena el envío del expediente a juzgados de ejecución de penas, trámite que nunca se hizo; por lo que el condenado nunca respondió por el hecho. Hoy en día el proceso está ad portas de la prescripción.

Riña de Carnaval quedó impune

Rafael Miranda fue asesinado en una riña ocurrida durante el fin de semana de carnaval del año 1997. De acuerdo con los registros periodísticos durante el 9 y 11 de febrero de ese año hubo 15 muertos.

Las investigaciones que adelantó la Fiscalía bajo la antigua Ley 600 arrojaron como condenado y culpable a Carlos Javier Orozco Carrioni, quien de acuerdo con las investigaciones habría atacado a Rafael Miranda Orjuela con un arma corto punzante.

A pesar de la condena a Orozco Carrioni, esta, al parecer no fue ejecutoriada y remitida al respectivo juzgado de ejecución de penas. Hoy 22 años después el caso quedó impune. “Ya no se puede hacer nada, el caso prescribió y no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho a una persona”, indicó un jurista consultado sobre este tipo de casos.

50 Casos de delitos sexuales quedaron impunes

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el despacho investigado actualmente fue suspendido por el Consejo Seccional de la Judicatura que mientras se adelantan las indagaciones para dar con los responsables, busca conciliar con las víctimas de los casos encontrados como prescritos, archivados y que no finalizaron.

Dentro de las actuaciones procesales que no vieron la justicia se encuentran alrededor de 50 casos de violencia sexual con menores de edad, adultos y personas en situación de discapacidad.

“Bajo este panorama podemos hablar de 50 sentenciados que no pagaron condena alguna y se encuentran en las calles”, indicó un investigador del caso.