La Fiscalía evalúa pruebas contra Ramsés Vargas

Luego de que el pasado jueves 1o. de marzo la Fiscalía General de la Nación abriera de manera formal una investigación penal en la Universidad Autónoma del Caribe, estudiantes, docentes y trabajadores de la institución se reunieron con la vicefiscal, María Paulina Riveros, para entregarle pruebas de las irregularidades que afirman habría cometido el entonces rector Ramsés Vargas Lamadrid.

La vicefiscal Riveros llegó a la ciudad ese mismo día con el fin de investigar los motivos de la crisis que afronta la institución educativa. También en atención al llamado del Ministerio de Educación, que dio traslado a través de una carta firmada por la ministra Yaneth Giha, de los presuntos malos manejos económicos que se habrían realizado en la universidad.

El encuentro entre la representante del ente investigador y miembros de la comunidad universitaria se llevó a cabo el pasado jueves a las 4:00 p.m. en el sexto piso de la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación, en la Torre Manzur, antigua Caja Agraria, en el Centro de Barranquilla.

Durante la reunión, que duró unos 40 minutos, los estudiantes entregaron a la vicefiscal Riveros más de 300 comprobantes de pago en los que se evidencia que las matriculas se pagaron con dinero en efectivo.

La recolección de los documentos se hizo luego de que, en medio de los plantones realizados en la Uniautónoma y a través de redes sociales, líderes estudiantiles solicitaran a estudiantes y padres de familia que presentaran los comprobantes para tener evidencia de los dineros en efectivo que ingresaron a las arcas de la institución.

Los estudiantes se comprometieron con la vicefiscal Riveros a que continuarán convocando a todos sus compañeros para que presenten sus comprobantes, y de esta manera continuar recopilando evidencias que se agreguen a las indagaciones.

De otra parte el grupo de docentes que hizo presencia en el lugar entregó a la vicefiscal pruebas en las que, supuestamente, se evidencia que empresas en Miami recibían dineros que provenían de las cuentas de la Uniautónoma.

Dichas empresas según lo expuesto por los docentes estaban “aparentemente bien constituidas”, pero extrañamente Winston Vergara, hombre de confianza de Ramsés Vargas y miembro del Consejo Directivo de la universidad, tenía cercanía con dichas compañías.

¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? fue la pregunta que más vociferaron los estudiantes de la Uniautónoma durante las protestas de la última semana.

Los padres de familia aseguran que pagaron las matriculas en efectivo. Incluso, muchos de ellos mostraron mensajes de texto enviados por la universidad en diciembre de 2017 y enero de 2018, en los que invitan a realizar el pago en efectivo y de esta manera obtener beneficios como descuentos del 3% en el valor total del semestre y auxilios educativos del 5%.

De igual forma los acudientes afirmaron que muchos de los comprobantes de pago se realizaron a mano y no de manera computarizada, lo que generó, desde el principio, sospecha entre quienes se acercaban a pagar el valor de la matrícula, ya que el dinero era arrojado a bolsas negras, según lo denunció un profesor de la institución.

El pasado jueves la directora de Crédito y Cartera de la Uniautónoma, Yesenia Morales, trató de entrar a la institución, pero miembros del sindicato, quienes se habían tomado el acceso principal, no permitieron que la funcionaria ingresara.

En ese momento trabajadores y docentes confrontaron a Morales, y la cuestionaron por el destino del recaudo de las matriculas a los que tímidamente respondió que no tenía información de que algún funcionario se habría quedado con el dinero.

Entretanto, el pasado jueves 22 de febrero, durante una rueda de prensa, la Ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha, se mostró sorprendida cuando un docente afirmó que a los padres de familia se les estaba pidiendo que cancelaran el dinero de las matriculas en efectivo.

En esa oportunidad, Giha invitó a los acudientes a que se abstuvieran de can celar el dinero en efectivo en las cajas de la Uniautónoma.

Según lo explicado por la vicefiscal General de la Nación, Paulina Riveros, el paso a seguir dentro del proceso de indagación, es dar inicio a las labores de la Policía Judicial que permitan, dentro de la investigación penal, definir la incidencia punible de las conductas que han denunciado los estudiantes y profesores.

Posteriormente, aseguró, se evaluará qué tipo de delito constituye cada una de las conductas y si hay mérito para imputar, acusar y juzgar a las personas que han sido señaladas de estos casos.

“Hay acusaciones contra el rector, pero formalmente todavía no hay personas imputadas ni acusadas de cometer delitos. Esto justamente es lo que sigue, que la Fiscalía evalúe la incidencia penal de las conductas desplegadas por las personas señaladas. No tenemos ningún señalamiento con incidencia penal”, manifestó la vicefiscal el pasado jueves.

Con información de: Eduardo Patiño.