El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció este miércoles que renuncia irrevocablemente a su cargo tras la solicitud de la JEP frente a otorgar la libertad inmediata al desmovilizado sucreño Jesús Santrich.
Aseguró que la decisión de la JEP “hace trizas la colaboración internacional, confronta la Constitución y lo más grave es que destruye la muralla que eliminó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico cuya relación constituye una amenaza a nuestra democracia”.
Martínez, acompañado de su gabinete, dijo “mi conciencia y mi devoción por el estado de derecho me lo impiden por eso he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal”
Libertad inmediata a Santrich
La justicia de paz en Colombia ordenó este miércoles la "libertad inmediata" del líder de la exguerrilla FARC Jesús Santrich, detenido en una prisión en Bogotá desde abril de 2018 y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández", su nombre legal, y "ordena a @FiscaliaCol disponer libertad inmediata", indicó el organismo en su cuenta de Twitter.
Santrich, uno de los excomandantes de línea dura de la otrora guerrilla comunista, está preso en la cárcel de máxima seguridad La Picota tras ser capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz en 2016.
El rebelde estaría implicado en el envío de diez toneladas de droga entre junio de 2017 y abril de 2018, cargos que niega y que asegura son parte de un "montaje judicial" de Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia.
El histórico pacto de paz establece que los guerrilleros que cometan delitos después de la firma del pacto serán juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios del acuerdo, entre ellos la no extradición.
El caso Santrich ha enfrentado a la JEP y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por diferencias en la interpretación de las facultades que tiene la justicia transicional.
La Fiscalía sostiene que la JEP solo está habilitada para certificar la fecha de ocurrencia de los presuntos delitos, como lo establece su reglamentación aprobada en el Congreso.
Pero la jurisdicción especial apela a una normativa que le otorga potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición, evaluar la conducta y el "procedimiento adecuado" que se debe seguir contra un acusado.
Además, Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante guerrillero.
De 52 años y con deficiencia visual, la detención de Seusis Paucias Hernández ha provocado airadas protestas del ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
El exjefe negociador de la exguerrilla, Iván Márquez, declinó ocupar en julio el escaño en el Senado que le garantiza el acuerdo de paz para el periodo legislativo 2018-2022, en protesta por el encarcelamiento de Santrich.
Desde entonces se desconoce el paradero de Márquez y otros exguerrilleros que denuncian incumplimientos en lo acordado para superar medio siglo de conflicto.