ESPECIAL | Asesinatos de los líderes sociales que marcaron el 2018

El pasado 24 de agosto el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó, en Bogotá —después de la firma del acuerdo de la paz en La Habana (Cuba)— “Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra”.

Las cifras le han dado la razón a Santos porque desde la firma del ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, disminuyeron drásticamente los muertos, heridos y mutilados que dejaba la guerra. Por eso muchos colombianos le apostaron a la esperanza de construir un nuevo país, más justo, más tolerante, más equitativo, democrático y respetuoso con las diferentes formas de pensamiento.

Pero las cosas no iban a ser fáciles, la violencia no murió, volvió a una forma antigua, más soterrada, pero igual de mortal y desesperanzadora: los asesinatos selectivos de líderes sociales. Un estudio reciente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iprei), reporta que 257 líderes han sido eliminados desde que se firmó la paz. El documento recoge trabajos previos de entidades como el Cinep, Somos Defensores y la Confederación de Acción Comunal.

Sin embargo, en la estadística del Iprei faltan las víctimas del Atlántico, y eso nos muestra que los líderes asesinados en nuestro país seguramente son muchos más de los que aparecen en los diversos registros. El pasado domingo 8 de julio AL DÍA publicó un informe según el cual en lo corrido del año (hasta esa fecha) habían asesinado 16 líderes en el Caribe Colombiano: Córdoba tenía 9 casos, Sucre 4; y en Bolívar, La Guajira y el Atlántico, un caso por cada departamento.

La víctima del Atlántico fue Luis Cuarto Barrios Machado, líder social baleado en su casa en el barrio Villa Paraíso, en Palmar de Varela (Atlántico) cuando veía el partido entre Colombia e Inglaterra, el pasado 4 de julio. Barrios Machado llevaba 14 años residenciado en Palmar de Varela; y como presidente de la Asociación Municipal de Juntas Comunales, de una veeduría de control ciudadano, y del Comité Ejecutivo Municipal del Polo Democrático en ese mismo municipio, denunciaba actos de corrupción, ‘elefantes blancos’ y ollas de microtráfico.

Había aspirado al Concejo y se preparaba para presentarse a las elecciones de Alcalde. En las presidenciales había apoyado abiertamente al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y prácticamente había empapelado su vivienda con afiches del líder progresista. Por fuera de la estadística del Iprei también quedó el homicidio de Bernardo Cuero Bravo, ocurrido el miércoles 7 de junio de 2017, en el barrio Villa Esperanza, en Malambo.

A Cuero Bravo lo asesinaron cuando observaba por televisión un partido entre Millonarios y Nacional. Dos hombres llegaron hasta su casa, en la carrera 2F3 No. 4-76, y con la excusa de buscar un apartamento para arrendar le pegaron cuatro tiros. El líder fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, aspirante al Concejo, defensor de derechos humanos de las Comunidades Afrodescendientes, y miembro de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado.

Además, cursaba noveno semestre de derecho en la Corporación Universitaria Americana. En ese contexto una estadística más cercana a la realidad sería la que maneja la Defensoría del Pueblo. El pasado 16 de diciembre el defensor del pueblo, Carlos Negret, reportó que del 1o. de enero al 30 de noviembre de 2018, han sido asesinados 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 25 departamentos del país, incluyendo Córdoba (5 crímenes), Bolívar (2), Cesar (2), Magdalena (2) y Atlántico (1). De las víctimas, 153 eran hombres y 11 mujeres, en su mayoría dedicados a trabajos comunales (62), campesinos (26), comunitarios (22) o indígenas (21), entre otros.

Y del 1o. de enero de 2016 al 30 de noviembre pasado, van 423 asesinados, siendo el 2018 en el que mayor número de homicidios se han cometido (164), luego el 2016 (133) y el 2017 (126).

TIERRAS Y DROGA

A pesar de la discrepancia en las cifras, los informes coinciden en señalar que las víctimas del exterminio en su mayoría eran defensores o reclamantes de tierras, denunciaban actos de corrupción, tráfico de drogas y reclutamiento ilegal. Otros velaban por el bienestar general y se oponían a proyectos lesivos para sus comunidades y trabajaban el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, o vigilaban la adecuada implementación de los diversos puntos del acuerdo de paz que se firmó con las Farc.

“Básicamente están matando a todo aquel que piense diferente, que se atreva a hablar de justicia social, de la dignidad de los pueblos, que denuncie la corrupción, el microtráfico, el robo de tierras, todo aquel que alce la voz pidiendo respeto por sus ideas y las quiera defender democráticamente”, afirmó un líder comunal consultado por este medio, quien pidió reserva de identidad.

En los informes también queda patente que existe una conexión entre los asesinatos de líderes y las zonas que concentran los cultivos ilícitos y las tierras que fueron despojadas a los campesinos durante las décadas y décadas que duro el conflicto armado en Colombia.

Así pues el ‘palo en la rueda’ para construir un país mejor son los narcotraficantes y los poseedores de las tierras despojadas, quienes prefieren asesinar antes que regresárselas a sus legítimos dueños, o renunciar al multimillonario negocio de la droga. Para la muestra está el caso de Luis Cuarto Barrios Machado, el líder social asesinado en su casa de Palmar de Varela (Atlántico) el pasado 4 de julio.

Hasta el momento las autoridades han logrado esclarecer que los autores materiales del asesinato fueron Javier Renán Pabón Vásquez, alias Ganzúa o Javiercito; y Jeffrey Jesús Madera Maldonado, quienes aceptaron haber asesinado al líder comunal.

l caso también están vinculados los hermanos Manuel Silvera Manjarres y David Enrique Silvera Manjarres, quienes tienen detención domiciliaria por amenazar de muerte a Barrios Machado, quien los había denunciado por el delito de microtráfico. De acuerdo con la Fiscalía, los hermanos Silvera Manjarres manejaban el delito del microtráfico de estupefacientes en los municipios de Santo Tomás, Ponedera, Polonuevo, Sabanagrande, y Palmar de Varela. También tiene detención domiciliaria Elvis Fidel Egea Buzón, quien el 22 de mayo del 2018 había amenazado de muerte al líder social Luis Cuarto Barrios Machado, por situaciones relacionadas con su oficio en defensa de la comunidad.

Y por el asesinato de Bernardo Cuero Bravo está siendo judicializado Víctor Carlos Meriño Pereira, quien en agosto pasado trató de salir libre por vencimiento de términos, petición que fue negada por el juez que lleva el proceso. El móvil que han manejado las autoridades sobre este homicidio son problemas con vecinos quienes amenazaron de muerte a Cuero Bravo por la defensa de un bien comunitario que estaba haciendo: un lote del que personas del sector se estaban apropiando ilegalmente para usarlo en la venta de drogas.