El infierno de cuatro colombianos en México: decapitaron a uno y los otros tres están desaparecidos
El drama comenzó en diciembre cuando fueron detenidos por la policía en Cancún.
El 18 de diciembre de 2017 policías municipales de México detuvieron a cuatro colombianos identificados como Yesly Tatiana Góez Guisao, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinoza Castañeda. Ellos fueron subidos a dos patrullas y a partir de allí comenzó el infierno.
Horas después, presuntamente los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el “Cártel de Jalisco”; 48 horas más tarde, sólo uno de los arrestados, Joan Espinoza, fue hallado muerto con signos de tortura.
Según la información suministrada por la revista mexicana Proceso, el cadáver apareció en una calle de Cancún desnudo, decapitado, con los genitales en la boca. Mientras tanto los otros tres colombianos continúan desaparecidos.
Luego de tres meses de incertidumbre y confusión, la Fiscalía General de Quintana Roo, encargada de la investigación, no ha realizado una sola captura pese a todas las evidencias y testimonios que comprometen a los policías locales en el arresto de los colombianos.
“Tienen videos de las cámaras cercanas al lugar del arresto, saben a qué patrullas los subieron, saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos y no han hecho nada”, fragmento del expediente conocido por Proceso.
De acuerdo la documentación a la que tuvo acceso el medio, funcionarios de la Cancillería colombiana se vieron tan enardecidos por “todas las irregularidades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo” que pidieron ayuda a la Policía Federal, lo que hasta ahora no ha dado ningún resultado.
Además, al ver la falta de resultados de la Fiscalía de Quintana Roo, personal diplomático de Colombia acreditado en México solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero tampoco ha servido de mucho, de acuerdo al portal Pedro Canché Noticias.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad natal las víctimas, considera que se trata de un caso de “desaparición forzada” y que debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.
Por lo anterior, pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercedan ante al gobierno mexicano para acelerarla investigación y se castigue a los responsables de tal acto.
Con información de Julie Toscano
