El concejal barranquillero señalado de violencia intrafamiliar
Los procesos fueron entablados por su esposa Clara Acosta. El cabildante, a su vez, la denunció por llevarse a sus hijos de la ciudad.
El concejal de Barranquilla Rubén Marino Borge afronta dos denuncias por violencia intrafamiliar interpuestas ante la Fiscalía en los últimos 11 meses por su esposa, Clara Inés Acosta, con quien ha convivido 14 años, siete de ellos como casados, y tienen dos pequeños hijos que son el centro de una pugna por su custodia.
Marino también interpuso una denuncia contra su esposa por el “ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos”, puesto que Clara Acosta se fue de Barranquilla con sus niños. “No me podía quedar porque me mataba”, argumenta ella.
La primera denuncia por violencia intrafamiliar contra Marino Borge fue interpuesta ante la Fiscalía el 16 de marzo de 2017. “Me cogió a la fuerza por el cuello y me arrastró hasta sacarme del cuarto”, manifestó en el escrito su esposa, y añadió: “Con todo el mundo me cela”.
Un día después de presentar la denuncia, Clara Inés Acosta acudió a Medicina Legal para ser valorada. El examen físico halló lesiones de tipo “contundente abrasivo” y dictaminó una “incapacidad médico legal definitiva de ocho días”. A la examinada se le “sugiere apoyo sicológico”.
La mujer aseguró a este medio que, por la violencia ejercida por su pareja, debió irse a Medellín con sus hijos por primera vez. Allí reside su mamá y hasta allá llegó el concejal para persuadirla de volver. Ella, según su testimonio, accedió a regresar a su lado pero con la condición de tomar terapias de pareja. Él aceptó, pero el compromiso solo duró cinco meses, de acuerdo con Acosta.
El punto de inflexión llegó el 22 de noviembre. Ese día –según la segunda denuncia de Acosta ante la Fiscalía, instaurada el 11 de diciembre- ella fue víctima de violencia verbal delante de sus dos hijos.
En la denuncia refiere que el miércoles 29 de diciembre acordaron verbalmente divorciarse “para el bien de todos y de los niños”. Ello incluía, según la esposa, que ella podía llevarse a sus hijos a Medellín nuevamente.
El viernes 1 de diciembre, Acosta acudió a la Comisaría 10 de Familia en “busca de una medida de protección y para informarles que me llevaba a los niños para Medellín por seguridad mía y de mis hijos”.
Rubén Marino, horas después, se dirigió a la misma comisaría y, en una declaración juramentada, expuso su preocupación de que su esposa se llevara nuevamente a sus hijos para otra ciudad. La comisaria Martha Luz Seba decidió “prohibir a Rubén Marino Borge y Clara Inés Acosta Yepes esconder o trasladar de la residencia a los niños,es decir, de esta ciudad a otra o fuera del país”. La decisión fue notificada al concejal, pero no a su esposa, quien ya se había ido.
El 7 de diciembre llegaron a la residencia de la madre de Acosta Yepes, en Medellín, Rubén Marino, funcionarios del ICBF y efectivos de Policía. Además estuvo Edgardo de Jesús Campo, que representó a la Personería de Barranquilla. De acuerdo con una constancia de esa dependencia, conocida por EL HERALDO, Campo carecía de autorización para actuar en comisión de servicios en esa fecha.
Allí, de acuerdo con el acta, la Defensoría de Familia cumplió lo dispuesto por el fiscal 11 de la URI de Barranquilla, Rodrigo Restrepo Reyes, es decir, la devolución inmediata de los niños a su padre.
En la capital antioqueña, Acosta interpuso una acción de tutela en el Juzgado Segundo Civil Municipal contra la medida de la Comisaría 10 de Familia y solicitó que le fueran tutelados los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la armonía y recreación de sus hijos menores, y los de ella al debido proceso y a la defensa.
El 9 de febrero, el juez declaró improcedente la tutela interpuesta por Acosta en cuanto a sus hijos. Sin embargo, el mismo juez tuteló el derecho al debido proceso de la mujer por no haber sido notificada de la medida de la Comisaría 10 de Familia, que debe rehacer su actuación.
EL HERALDO estuvo en la oficina de Rubén Marino para conocer su versión, pero él manifestó que se abstiene de dar declaraciones porque el proceso “se encuentra en una etapa de indagación”.
