A mediados de 2016, la Fiscalía 31 delegada ante los jueces penales del Circuito Especializado, adscrita a la Dirección Nacional de la Unidad de Lavado de Activos, inició una investigación, con apoyo de la Dijin, que denominó ‘El Señor del Desierto’, luego de recibir información de fuente no formal que daba cuenta sobre la existencia de una estructura delincuencial que se dedicaba al lavado de activos, la cual operaba en el norte de Barranquilla.
La fuente detalló a la Fiscalía que había una persona conocida como ‘Julio Pipa’, quien estaría incrementando su patrimonio económico, como consecuencia de su participación como testaferro de un narcotraficante que se encuentra extraditado en los Estados Unidos.
Una vez allegada esa información por parte de la fuente humana, funcionarios de Policía Judicial de la Dijin iniciaron labores investigativas, como interceptaciones telefónicas y trabajo de campo, que permitieran corroborar la información suministrada, así como la plena identificación de las personas involucradas en la actividad delictiva.
Inicialmente se pudo establecer que el extraditado al que se refería la fuente era Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’ o ‘El Señor del Desierto’, exjefe paramilitar del frente Resistencia Tayrona del bloque Norte de las AUC y del frente contrainsurgencia Wayuu del mismo bloque, quien actualmente cumple una condena de ocho años de prisión por el delito de narcotráfico en ese país.
Las labores investigativas llevaron a la Fiscalía a establecer, además, que existían motivos razonablemente fundados y elementos materiales probatorios legalmente obtenidos, para inferir que las personas que hacían parte de la estructura delincuencial, estarían realizando posibles operaciones de lavado de activos, dando así apariencia de legalidad a dineros obtenidos de posibles delitos relacionados con el narcotráfico; adquiriendo, ocultando y administrando bienes muebles e inmuebles; además de ocultar, administrar y transferir dineros del narcotráfico, a través del sistema financiero colombiano.
Ante las evidencias recaudadas y presentadas en audiencia por la Fiscalía, el Juzgado 44 penal municipal de control de garantías de Bogotá emitió orden de captura en contra de las personas, presuntamente vinculadas al lavado de activos, las cuales fueron materializadas por miembros de la Dijin, mediante diligencias de allanamiento y registro llevadas a cabo el pasado 25 de agosto a las 6 de la mañana en los inmuebles ubicados en el sector Alameda del Río, en el conjunto residencial Puerta del Sol y en otros sectores de la ciudad.
Las personas capturadas en Barranquilla fueron identificadas como Julio César Varela Grosso, natural de Barranquilla, quien dijo ser comerciante independiente; Enrique Fragozo Rodríguez, de San Juan del Cesar, La Guajira, de quien se desconoce su oficio; Paula Cáceres Moreno, esposa de Enrique Fragozo, de profesión abogada, y Licelys Alejandra Fragozo Rodríguez, oriunda de San Juan del Cesar, La Guajira.
Por su parte, Lina Elena Fragozo Rodríguez, de quien la Fiscalía pudo establecer es la esposa de Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’ o ‘El Señor del Desierto’, fue capturada el mismo día en el sector Sierras del Moral, en Bogotá. Ella, al igual que su hermana Licelys Alejandra, son médicas de profesión.
Tras la materialización de las capturas, la Fiscalía los presentó en audiencia virtual el mismo 25 de agosto a las 8 de la noche ante el Juzgado Décimo Penal Municipal de Barranquilla con funciones de control de garantías, diligencias judiciales que se extendieron hasta el pasado primero de septiembre.
Modus operandi y rol de los capturados
En desarrollo de las diligencias judiciales, y basándose en las labores investigativas, la Fiscalía pudo establecer la inferencia razonable de que el origen de los dineros que fueron movidos por parte de las personas capturadas, proviene de alias el Señor del Desierto, y cuyos facilitadores principales, según el ente investigador, son Lina Elena Fragozo Rodríguez y Julio César Varela Grosso, en tanto que los otros facilitadores son Alejandra Fragozo Rodríguez y los esposos Paula Cáceres Moreno y Enrique Fragozo Rodríguez, hermano de Licelys y de Lina.
La Fiscalía tiene claro que Lina Fragozo Rodríguez se ha “concertado con sus hermanos y amigos cercanos”, para realizar la actividad de lavado de activos durante varios años. Es así como el ente investigador identificó que en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2017, la médica presentó unos incrementos patrimoniales por justificar, que suman un total consolidado de $2.358.581.854, representados en la adquisición de vehículos, bienes inmuebles y depósitos en cuentas bancarias. “Y que al realizar el análisis de capacidad económica en dichos periodos, se observó que Lina Fragozo Rodríguez no contaba con los recursos suficientes para adquirir esos bienes”, detalló la Fiscalía.
En cuanto a Julio César Varela Grosso, la representante del ente investigador señaló que es uno de los principales facilitadores o colaboradores del exparamilitar Arnulfo Sánchez González, quien estaría prestando sus cuentas bancarias, establecimientos de comercio e identidad para realizar operaciones de lavado de activos, a través de la compra y venta de bienes, muebles e inmuebles, y sería el encargado de buscar personas, lo que se llama en la actividad investigativa de lavados de activos como ‘pitufos’, para fragmentar dineros ilícitos a través del sistema financiero colombiano.
La Fiscalía estableció que en los años 2002, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017, Varela Grosso presentó unos incrementos patrimoniales por justificar que suman un total consolidado de $1.643.210.058, representados en adquisición de vehículos, bienes inmuebles y depósitos en cuentas bancarias.
De Licelys Alejandra Fragozo Rodríguez, estableció que dentro de la organización delincuencial tenía el rol de facilitadora, ya que prestaba su identidad y cuentas bancarias para administrar, transferir y ocultar dineros, bienes muebles e inmuebles producto de actividad criminal relacionada con el narcotráfico.
Para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, la Fiscalía estableció que presentó unos incrementos patrimoniales por justificar que suman un total consolidado de $913.078.665 millones, que están representados en la adquisición de vehículos, bienes inmuebles y depósitos en cuentas bancarias.
En el caso de Enrique Andrés Fragoso Rodríguez, labores investigativas establecieron que su rol era el de facilitador, para lo cual estaría prestando su identidad y cuentas bancarias para administrar, transferir y ocultar dineros, bienes, muebles e inmuebles producto de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico.
Entre los años 2012 al 2017, Enrique Andrés presentó un incremento patrimonial por justificar por $1.221.864.555, representados en depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias “y que no van acorde con su perfil económico”.
Finalmente, Paula Cáceres Moreno, también facilitadora dentro de la organización delincuencial, quien prestaba su identidad y cuentas bancarias para administrar, transferir y ocultar dineros, bienes muebles e inmuebles, producto de actividad criminal relacionada con el narcotráfico. La Fiscalía concluyó que para los años 2013, 2014 y 2015 presentó un incremento patrimonial por justificar por un total consolidado de $459.775.808, representados en administración de efectivo y origen desconocido, y que carecen de un soporte económico que justifique su origen.
En total, la Fiscalía tiene que la banda delincuencial lavó dineros por un valor total de $6.596.510.940.
La representante del ente investigador les imputó a Julio César Varela Grosso, Lina Elena y Licelys Alejandra Fragozo Rodríguez, los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito, en tanto que a los esposos Paula Cáceres Moreno y Enrique Fragozo Rodríguez, solamente el delito de enriquecimiento ilícito, cargos que ninguno de los procesados aceptaron.
La Juez Décima Penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla cobijo con detención domiciliaria a Paula Cáceres, quien tiene una hija de un mes de nacida, y a Enrique Fragozo Rodríguez. A este último le ordenó al Inpec someterlo a vigilancia electrónica.
A las hermanas Lina Elena y Licelys Alejandra Fragozo Rodríguez, la togada les dictó medida de aseguramiento preventivo en el establecimiento de reclusión El Buen Pastor, en Bogotá y Barranquilla, respectivamente.
Finalmente, a Julio César Varela Grosso le fue impuesta medida intramural en la Cárcel Distrital El Bosque, pero a raíz de problemas de salud que presenta, se decidió por parte de la jueza, enviarlo a una estación de Policía, de manera preventiva.