La Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el perpetrado entre el 28 y 29 de agosto de 2001 contra el profesor samario Jorge Freytter Romero.
La parte civil venía solicitando la declaratoria de imprescriptibilidad al advertir que el asesinato del docente de ciencias sociales de la Universidad del Atlántico, quien había sido detenido por la Policía una semana antes de su asesinato, hizo parte de la persecución de la época contra varios miembros de las universidades públicas del país.
Para el ente acusador se demuestra que el crimen de Freytter hizo parte de una estrategia generalizada y sistemática con "la existencia de una política contra una determinada comunidad (como la Universidad del Atlántico), el establecimiento de instituciones (o la toma de las mismas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango".
A mediados del año pasado, la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, en cabeza del hijo del profesor, Jorge Enrique Freytter Florián, pidió declarar el crimen como de lesa humanidad advirtiendo que "la gravedad de los hechos ha sido reconocida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, con la admisión a trámite del ‘Caso Freytter’ el día 11 de Julio de 2013".
Lo anterior porque Freytter fue víctima del accionar de las AUC, que actuaban en connivencia con la Policía y el Ejército en Barranquilla.
La responsabilidad del Estado, indican, "quedó acreditada en la sentencia de 18 de Junio de 2010 del Juzgado Único Penal de Barranquilla".
También criticaba la parte civil que el asesinato seguía en la impunidad: "Las responsabilidades materiales e intelectuales de los hechos, casi 18 años después, continúan sin esclarecerse. A día de hoy, nos encontramos con dos presuntos autores materiales prófugos de la justicia, con avances insuficientes de las indagaciones judiciales y con la impunidad absoluta de los autores intelectuales e instigadores del crimen".
El sindicalista y abogado de 51 años fue secuestrado, torturado y asesinado en Barranquilla y su cuerpo fue arrojado en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena. Los criminales que se lo llevaron eran cuatro y lo montaron en una camioneta Toyota Hilux que esperaba en la esquina de la calle 53D con carrera 26.
Por el homicidio fue acusado el exteniente de la Policía, Flóver Argeny Torres Sánchez, quien se encuentra prófugo a pesar de estar siendo procesado por varios crímenes. y según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, representantes de víctimas, el homicidio del también abogado de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico, Asojua, "fue cometido directamente por Óscar Orlando Ortiz, alias Moncho, jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz, en colaboración con el teniente Flóver Argeny Torres Sánchez y Julio César Pacheco Bolívar, alias La Chacha, ambos del Gaula (…)".