Así funcionaba el negocio redondo y corrupto de parar vehículos por el SOAT

Quince patrulleros adscritos a la Policía de Tránsito y a unidades de vigilancia de los cuadrantes residenciales de Barranquilla fueron capturados, ya que se valían ilegalmente de información que les suministraban compañeros en Bogotá y les exigían dinero a propietarios de vehículos con documentación vencida a cambio de no inmovilizarles los autos o imponerles comparendos.

En la operación, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, también fueron capturadas en esta ciudad tres mujeres civiles que hacían parte de la estructura delictiva.

Fundamentalmente los policiales accedían a información sobre la vigencia de seguros obligatorios y la revisión técnico-mecánica de los automotores. Los que no estuvieran al día con esta documentación eran blanco de la extorsión.

¿CÓMO OPERABAN?

Según explicó la Fiscalía, un funcionario del Centro Estratégico de información de la Policía Nacional en Bogotá, aprovechando su cercanía con la Oficina de Telemática de esa institución, obtuvo las claves del QHRUN, un sistema computarizado para realizar consultas sobre el estado de los vehículos que transitan en el país.

De esta manera conocía el estado documental de todos los automotores, y habría creado una empresa criminal con funcionarios de Tránsito de la Policía de Barranquilla.

Los que operaban desde Bogotá contactaban a la Policía de Tránsito y a patrulleros de vigilancia de los cuadrantes, y les ofrecían el servicio ilegal de conocer el estado de los vehículos. Para facilitarles esta información pedían tarifas diarias de 30 y 60 mil pesos.

Con esta información en su poder los policías en Barranquilla les hacían seguimientos a los automotores y exigencias económicas a sus dueños, a fin de no inmovilizar los vehículos al aplicarles las normas que rigen el seguro obligatorio SOAT y la revisión técnico-mecánica.

Los policías y civiles detenidos deberán responder en audiencias preliminares ante un juez de garantías por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, peculado por uso, abuso de funciones públicas y acceso abusivo a un sistema informático con el fin de buscar beneficios personales.

¿QUIÉNES SON LOS IMPLICADOS?

Los comprometidos con esta irregularidad tienen órdenes de capturas expedidas por el juzgado 1o. promiscuo municipal de Usiacurí, a petición del fiscal 29 seccional de Administración Pública, Guido Rivero Mouthon.

Los policías bajo arresto fueron identificados así: el subintendente Roberto De la Ossa Wades; los patrulleros Luis Fernando Flechas Garzón, Jorge Eduardo Guerrero Arias, John Anderson Rincón Parra, Daniel Gustavo Rodríguez Sánchez, Rubén Marino Angulo Mendoza, Oswaldo Rafael Prent Alcázar, Luis Guillermo Díaz Gutiérrez, Robin Enrique Hernández Orozco, Elías José Montes Sierra, Alfonso Mario Lamadrid Villamil, Víctor Alfonso Ribón Garibello, Dewin Realpe Gámez, Wilmer De Jesús Estevez Simpson y Jair Alberto Pertúz Tilano.

Víctor Ribón Garibello, capturado.

Wilmer Estevez Simpson, capturado.

Las civiles son: Erika Regina Flórez Revuelta, esposa del patrullero Flechas; Zaida Paola Pardo Quintero y Stephanie Alejandra Benítez Ladeus.

Las autoridades andan en la búsqueda de otras dos personas involucradas: el patrullero Hecler Fernando Ruiz Moreno y la abogada Sandra Paola Macías Bravo.

Hecler Fernando Ruiz Moreno está prófugo.

Sandra Paola Macías Bravo, abogada prófuga.

DESDE BOGOTÁ

En la investigación de la Policía se estableció que el patrullero

Jorge Eduardo Guerrero Arias

, que labora en el centro estratégico de información de la Policía en Bogotá, fue la persona que obtuvo las claves que el Ministerio de Transporte asignó a esa institución para manejar la base de datos del Runt.

Jorge Eduardo Guerrero Arias, capturado.

“Supuestamente accedía a las claves del QHRUN. Con ello habría creado una empresa criminal en asocio con un funcionario de tránsito de la Policía de Barranquilla”, informó oficialmente la Fiscalía.

CENTRALES PARALELAS

De acuerdo con la indagación, Guerrero Arias facilitó un usuario y la contraseña a su compañero

Luis Fernando Flechas Garzón

, a quien la Fiscalía le atribuye el liderazgo de una parte de la organización delictiva que montaron.

Con esos datos Flechas creó una central de comunicaciones ilegales en un apartamento del Barrio Abajo, donde las mujeres que contrataron como radio operadoras tenían la misión de consultar por computadores la información sobre los vehículos, cuyas placas iban suministrándoles a los patrulleros.

La otra central paralela, según consta en el expediente, fue montada en un apartamento del barrio Universal por el patrullero

Yersson Caballero Gómez

, luego de que tuviera diferencias económicas con Flechas.

Caballero falleció el 16 de julio de este año en un accidente de tránsito, en la vía entre Barranquilla y Ciénaga (Magdalena), al chocar en su moto contra una buseta.

Ante esta coyuntura, la segunda oficina ilegal quedó bajo la coordinación de la abogada Sandra Paola Macías Bravo, que está prófuga.

A la banda se les llamó en medio de la investigación de contrainteligencia como los "Plaqueteros", pues en el argot policial se les llama "plaqueta" a las placas de carros y motos, dijo una fuente que trabajo en el caso.

Este es el nuevo escándalo que sacude a la Policía de Barranquilla, en la que en los últimos días varios de sus miembros han sido sorprendidos en hechos delictivos como atracos en tiendas y vinculados al microtráfico entre otros delitos.