Así fraguó Ramsés Vargas el saqueo de la Autónoma
La Fiscalía entrega detalles de lo que asegura fueron las maniobras del entonces rector.
Hasta hace una semana cuando Ramses Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe era buscado por el CTI en Barranquilla y Cartagena, solo se manejaba información relacionada con la denuncia de los estudiantes de la UAC por el extravío del dinero recaudado en matrículas. Esa suma está tasada entre los $16.000 y $18.000 millones.
Sin embargo, en la audiencia de imputación de cargos se reveló que desde 2013, año de su elección en el cargo, Vargas había iniciado actos de concertación con directivos del centro académico para obtener provecho ilícito de los recursos de la Universidad.
Según expuso ante el Juez 7o. Penal Municipal, Camilo Pardo, la delegada de la Fiscalía Tercera Especializada adscrita al Gaula, Faizulis Montes; el primer caso de corrupción privada por el que se investiga a Ramsés Vargas fue su elección. Dijo que Tamid Turbay Echeverría propuso a Ramsés Vargas como rector en propiedad de la universidad, lo que fue aprobado por unanimidad. Solo el entonces vicerrector, Mariano Romero Ochoa, pidió que la designación fuese de rector encargado, por cuanto existía una licencia de Silvia Gette Ponce, la titular.
La fiscal agregó que la propuesta en favor de Vargas fue en contravía legal con los estatutos de la alma mater. “Dicho acto ilegítimo de vinculación, le dio la potestad a estas personas de iniciar una serie de actos de corrupción sistemáticos en la universidad”, dijo Montes acerca de la vinculación de Vargas Lamadrid al cargo de rector el 20 de mayo de 2013.
Beneficio mutuo
La fiscal del caso expresó también que otro registro de corrupción se celebró entre los también procesados Efraín Maldonado Palma, exrepresentante legal suplente de la Universidad; Mariano Romero Ochoa, vicerrector; Orlando Saavedra Magri, miembro de la sala general de la corporación; Tamid Turbay Echeverría, aún en libertad; el exrector Ramsés Vargas Lamadrid; y su padre Eduardo de Jesús Vargas Osorio. Según la investigación, a Mariano Romero “lo favorecieron con una bonificación de $100 millones” por ceder el puesto a Vargas Lamadrid.
“Esta bonificación no hacía parte de su contrato laboral y afectó el patrimonio económico de la institución, igualmente estas personas concertaron aprobarse otras bonificaciones que no hacían parte de su factor salarial”, añadió la fiscalía.
Una nueva irregularidad fue la aprobación de actas de beneficios de ‘estipendio de vida digna’ para Eduardo Vargas Osorio, padre de Ramses, por haber prestado a la UAC labor y dedicación como cofundador. Sin embargo, Vargas Osorio no tenía ese derecho, pues no es reconocido ni legal ni estatutariamente. De igual forma se aprobó un rubro de $10 millones para Tamid Turbay, y para Orlando Saavedra Magri, quien recibió dicha mensualidad en nueve ocasiomes, señaló la delegada de Fiscalía.
El rector ‘ganaba muy poco’
En la investigación el ente acusador también encontró en actas con presunta apariencia de legalidad, aumentos salariales para Ramsés Vargas Lamadrid.
“Los beneficiados económicamente con la elección de Vargas Lamadrid, retribuyeron al rector bonificaciones acreditadas en las actas número 834 de 5 de junio de 2015, donde el Consejo Directivo aprobó una bonificación de 22 mil dólares… Vargas Lamadrid cuando ingresó a la rectoría de la universidad devengaba $30 millones, luego se incrementó a $44 millones, y posteriormente se le sumaron a su salario 22 mil dólares. Terminó ganando $67 millones mensuales”, puntualizó la fiscal Montes.
Otra de las posibles irregularidades encontradas por el Ministerio de Educación, fue la aprobación de permisos para ejercer como rector de la Universidad Autónoma del Caribe desde Miami (Estados Unidos).
Entre los múltiples beneficios concedidos a Vargas Lamadrid por el Consejo Directivo, se encontró igualmente la aprobación de una beca del 100% para un doctorado en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. “Junto a la beca se le pagaban gastos de representación por participar en eventos a nombre de la universidad a nivel local, nacional e internacional”, comentó la delegada.
Eje de la investigación
Por los documentos y actas citados por la Fiscalía, el entonces rector de la Universidad y la junta directiva crearon fraudulentamente un “comité administrativo” que se reunió el 31 de octubre de 2017.
“Este supuesto comité financiero era inexistente orgánicamente, y no tenía ningún tipo de funciones asignadas, ni estaba facultado para desarrollar estrategias financieras para el periodo de matrículas del año 2018”.
Según la Fiscalía, la idea de recaudar los dineros en efectivo de las matriculas para el periodo de enero de 2018, surgió de dicho comité: “Aprobaron sin estar facultados un plan de incentivos para los estudiantes que cancelaran en efectivo sus matrículas, recaudaron entre $16 mil millones y $18 mil millones. El paradero de la mayoría de estos dineros es incierto”, puntualizó la fiscal Montes.
Modus operandi
“El modus operandi para el desvío de los recursos al interior de la Universidad Autónoma del Caribe se concretó con el sofisma del pago a terceros con los dineros que ingresaron a la universidad en efectivo por concepto de matrículas. Se lucraban del flujo de caja, estas personas lideradas por Ramsés Vargas tenían una plataforma viciosa utilizada por miembros de la dirección de la Universidad para desviar recursos con la excusa de que se pagaba a proveedores”.
Para la Fiscalía, el rector daba beneficios económicos a las personas que se encontraban debajo de su cadena de mando, y que presuntamente facilitaban el flujo del dinero hacia intereses que no eran propios de la academia.
“Fiscalía pudo establecer que $4 mil millones de pesos de los dineros consignados en efectivo durante noviembre de 2017 y enero de 2018, fueron a parar a una empresa de inversión privada llamada B&V comunicaciones estratégicas S.A.S, de propiedad de Jorge Vera Kidd, quien de acuerdo con los registros encontrados por el ente acusador fue fundada con un capital de 10 millones de pesos”.
La fiscal agregó que antes de comenzar el periodo académico de 2018, las carreras profesionales y técnicas ofrecidas por la Universidad Autónoma se encontraban ‘pignoradas’, “es decir, que al comenzar el periodo académico de 2018, la universidad no tenía cómo respaldar económicamente su oferta, pues el dinero que recogió en efectivo en noviembre de 2017 y febrero de 2018 ya había sido utilizado para otros conceptos diferentes a los objetivos académicos y misionales de la corporación”.
Con los dineros que los estudiantes cancelaron en efectivo, investigadores de la Fiscalía estiman que además del millonario pago a B&V comunicaciones estratégicas S.A.S, también se efectuó un pago de $7 millones dados en efectivo a esa misma firma sin ninguna denominación; $41 millones al Grupo Financiero de la Costa, sin los soportes en las áreas de contabilidad, ni en la financiera; un giro de $9 millones a B&V comunicaciones con el primer corte de matrículas en efectivo 2018.
Además, un acuerdo de pago, según los flujos de caja suscrito por Ramsés Vargas, y el señor Jorge Vera Kidd, por una obligación equivalente a $3.500 millones; pagos en favor de Luis Caro por $14.700.000, aprobado supuestamente por Cindy Solar Vargas; pago a Eduardo Vera Kidd por 102 millones, que fue aprobado por Cindy Solar Vargas, con un recibo de caja menor que no estaba respaldado. Giro a B&V por $61 millones; también B&V recibió dineros y pagarés por autorización del Consejo Directivo.
“Para lograr esto, Vargas determinó a empleados de confianza y manejo en áreas como secretaría general, vicerrectoría administrativa y financiera, tesorería, contabilidad. Además, logró defraudar las expectativas legítimas de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe”, señaló la Fiscal.
La investigadora calificó como grave el hecho de que se encontró en los registros financieros de la universidad, que aún se deben $5.000 millones a B&V Comunicaciones Estratégicas S.A.S.
Las autoridades en cabeza de la Fiscalía establecieron que esta es solo una de tres las líneas investigativas que se manejan contra la administración de Vargas Lamadrid.
“La Unidad Nacional de Lavado de Activos de la Fiscalía investiga a dónde fueron a parar las acciones de la venta del equipo Uniautónoma Fútbol Club”, señaló asimismo la delegada del ente acusador.
Igualmente la Unidad de Patrimonio Económico de la Fiscalía Seccional de Bogotá investiga la supuesta feria de ventas e hipotecas de activos de la Universidad, “que incluye el Polideportivo, ubicado en la vía que conduce al municipio de Puerto Colombia”.
Ramsés Vargas Lamadrid no aceptó los cargos de concierto para delinquir, corrupción privada, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento, omisión de agente retenedor, amenaza a testigos, y administración desleal. Este martes continuarán las audiencias de imputación de cargos contra los nueve exfuncionarios procesados al lado del exrector. Mientras, todos reposan en la URI de la Fiscalía.
