El pasado viernes los seis menores aprehendidos y señalados por la Fiscalía de participar en un abuso sexual masivo en Campo de la Cruz fueron presentados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías de Barranquilla.
En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Servicios Judiciales para menores y adolescentes, la Fiscalía explicó en la diligencia que en total habrían sido 12 los menores que participaron en diferentes oportunidades en el abuso de la adolescente de 13 años. “Los seis menores presentados al juzgado tenían edades entre los 15 y 17 años de edad, los otros tienen edades inferiores por lo que por ley no son sujetos procesales imputables”, explicó a AL DÍA una fuente allegada al caso.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, los hechos ocurrieron en julio de 2018. Una versión que ronda en Campo de la Cruz vincula a los menores y a la víctima con un plantel educativo, es decir que serían compañeros de colegio.
Para el momento de los hechos la niña tenía 12 años, reportó la autoridad. Esta, al parecer, fue sometida por estos adolescentes a hechos aberrantes al tiempo que grababan con celulares la agresión sexual.
En los elementos materiales probatorios presentados ante el juez, la delegada de la Fiscalía 23 seccional dio traslado a la denuncia de la menor, entrevista con sicólogo forense, también hizo referencia a un video que presuntamente había sido hecho por los menores.
Los menores no aceptaron cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y pornografía con persona menor de 18 años.
Sobre un internamiento preventivo pedido por la delegada del ente acusador, la bancada de abogados defensores integrada por Ángel Vásquez Herazo, Danilo Rojano y Andrés Gutiérrez Miranda, explicaron que a su juicio, “la medida no era necesaria ni proporcional a los hechos cometidos”. Luego de escuchar los argumentos de las partes, la juez señaló que no se cumplían los fines constitucionales para la medida e impuso medida no privativa de la libertad a los menores involucrados. “Los menores deberán presentarse ante un juez y ante la Fiscalía cada vez que estos los requieran; no podrán salir del país, y no se podrán comunicar con la víctima y sus padres”, explicó la juez al concederles la libertad a los procesados. Todos los involucrados contaran con apoyo psicosocial de especialistas, al igual que la víctima para el restablecimiento de sus derechos y deberes.