ABC para entender el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc

Las delegaciones del Gobierno y las Farc anunciaron este martes 24 de agosto desde La Habana, Cuba, el cierre de las negociaciones y el documento definitivo del Acuerdo Final de la Paz. Este documento será sometido a referendación ciudadana por medio del plebiscito.

Temas como las Farc como movimiento político y representación en el Congreso, la ley de Amnistía, la reincoporación de los guerrilleros a la vida civil y todos los puntos estipulados en la agenda del Acuerdo General estipulada en agosto de 2012, fueron resueltos.

Estos son los 6 puntos del Acuerdo Final de la Paz:

PUNTO 1:

HACIA UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO. REFORMA RURAL INTEGRAL (RRI)

Acordado el 26 de mayo de 2013

El Gobierno tiene la convicción de que si queremos reversar los efectos del conflicto en el territorio y también impedir que el conflicto se repita, tenemos que cambiar de manera radical las condiciones en las zonas rurales de Colombia mediante una gran transformación del campo. Mediante lo que hemos acordado llamar una Reforma Rural Integral que cierre las brechas entre el campo y la ciudad.

Esta reforma tiene fundamentalmente cuatro pilares:

El primero es dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en el acceso y el uso de la tierra. Eso significa distribuir tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente mediante un gran Fondo de Tierras que les permita vivir en condiciones de dignidad.

El Fondo se alimentará de las tierras ilegalmente adquiridas mediante la aplicación vigorosa de los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley, especialmente los de extinción judicial de dominio y recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados. La inmensa mayoría de los habitantes del campo nada tiene que temer.

Y no se trata sólo de distribuir tierras, sino de darles a los campesinos los elementos para que esa tierra sea productiva: riego, crédito, asistencia técnica, asociatividad, posibilidades de comercialización. Eso es lo que llamamos “acceso integral”.

Un segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en los territorios más necesitados, que coordinen unas grandes intervenciones del Estado para que las instituciones trabajen de la mano de las comunidades y se logre estabilizar esas regiones. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas con verdaderos planes de choque y facilitar la reconciliación.

Un tercer pilar son planes nacionales en todo el mundo rural que deberán lograr en una etapa de construcción de paz una reducción radical de la pobreza y en especial de la pobreza extrema.

Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la agricultura familiar que contribuyan a dinamizar la economía rural, integrar las regiones al país y mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo.

Los planes de desarrollo social buscarán disminuir la brecha campo-ciudad y generar oportunidades para los habitantes del campo.

Por otra parte, reconociendo el importante papel que la agricultura familiar cumple en el desarrollo del campo, la generación de ingresos rurales y la producción de alimentos, se aplicarán estímulos y apoyos de gran envergadura en materia de asociatividad, asistencia técnica, crédito, mercadeo, y formalización laboral y protección social.

El cuarto y último pilar es la seguridad alimentaria y nutricional: todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una mayor producción de alimentos y a una mejor nutrición, en especial de los más pobres.

Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los pilares tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y contarán con una perspectiva de género y enfoque diferencial. Su efectividad, transparencia y buen desarrollo dependerá de la amplia participación de las comunidades en la planeación, ejecución y seguimiento.

PUNTO 2:

PARTICIPACIÓN POLÍTICA. APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ

Acordado el 6 de noviembre de 2013

Está construido sobre tres ideas.

La primera es que para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesario una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate, con todas las garantías de transparencia y de equidad en las reglas del juego.

¿Por qué una nueva apertura? Porque la que marcó la Constitución de 1991, se ha visto frustrada, al menos en parte, por el mismo conflicto que ha impedido que la democracia se desarrolle plenamente en las regiones más afectadas por la violencia. Si no hay conflicto, habrá nuevas oportunidades de participación para quienes han estado al margen del sistema político por cuenta de la amenaza de la violencia.

Y porque la democracia es justamente EL medio para consolidar la paz en la medida en que es un sistema para dirimir conflictos de manera pacífica por medio del debate y el voto.

¿Esto qué significa en concreto? Significa que hay que facilitar la creación de nuevos partidos políticos -sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos- desligando la superación del umbral electoral de la obtención de la personería jurídica y estableciendo unas condiciones especiales para que durante un periodo de transición las nuevas fuerzas que aparezcan cuenten con suficientes apoyos por parte del Estado.

Para promover el pluralismo y la inclusión política en un periodo de transición, también acordamos la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas por el conflicto de manera que sus habitantes puedan elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, Representantes a la Cámara adicionales bajo unas reglas especiales.

Se trata de fortalecer la integración política de estas regiones y de asegurar la representación y promoción de los intereses de sus pobladores. Y se trata también de una medida de reparación política para las poblaciones y comunidades que más han sufrido el conflicto.

La segunda idea es que la consolidación de la paz requiere también de una mayor participación ciudadana, como era el espíritu de la Constitución del 91.

La paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente en los territorios y para eso hay que fortalecer los mecanismos de participación para asegurar la efectividad de esa participación en la formulación de políticas y en la implementación de los acuerdos.

Una mayor participación, tanto de los electores como de nuevos partidos, exige el fortalecimiento de la transparencia y la equidad en las reglas de juego. Por esa razón, se acordaron toda una serie de medidas específicas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así como la revisión integral del régimen y la organización electoral para dar esas garantías y poner a Colombia a la vanguardia del continente, sobre la base de las mejores prácticas internacionales.

Ese fortalecimiento de la participación ciudadana pasa también por apoyar a las organizaciones sociales como expresiones organizadas de diferentes intereses de la sociedad, que también juegan un papel importante en la construcción de la paz, incluso cuando se oponen por medio de la protesta a las políticas del Gobierno.

La tercera idea -y la idea fundamental del fin del conflicto- es que la condición básica para consolidar la paz, por medio del ejercicio de la democracia, es que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas.

Es decir, que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de la violencia.

Y no sólo quienes han dejado las armas: todos quienes están en el ejercicio de la política deben tener la seguridad que no serán víctimas de las armas. Se trata nada menos que de dignificar y proteger el ejercicio de la política como un pilar de la construcción de la paz.

Al mismo tiempo, es necesario fortalecer las garantías para el ejercicio de la oposición y de esa manera crear condiciones más propicias para cumplir con un principio básico de la democracia como es la alternancia en el poder.

¿Esto en qué se traduce?

Se traduce en medidas concretas como en el compromiso de expedir, luego de la firma del Acuerdo Final y de un posterior debate con todos los partidos políticos interesados, el Estatuto de la Oposición, una tarea aún pendiente de la Constitución del 91.

Y también en condiciones especiales para la creación de nuevos partidos políticos, como ya se mencionó, que además de fortalecer el pluralismo puedan también fortalecer las opciones de la oposición.

PUNTO 3

FIN DEL CONFLICTO

Acordado en La Habana, el 24 de agosto de 2016

Se logró el silencio definitivo de los fusiles. La ONU, a través de un proceso técnico, trazable y verificable, recibirá la totalidad de las armas de las FARC y le garantizará al pueblo colombiano su dejación completa e irreversible.

Este acuerdo establece los términos en que se dará el fin de las confrontaciones con las FARC mediante un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como un cronograma preciso para la dejación de las armas y el inicio de su reincorporación a la vida civil.

La Organización de Naciones Unidas, reconocida mundialmente por su experiencia en este tipo de procesos, será la responsable de recibir la totalidad del armamento por parte de las FARC. Este gran esfuerzo, aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de dicha organización, busca garantizarles a los colombianos que nunca más armas y política estarán juntas.

Para garantizarlo, se contemplan tres tipos de medidas.

En primer lugar, iniciará el proceso de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

Este será un proceso técnico, serio, ordenado y verificable por la ONU en el cual las FARC terminarán definitivamente las acciones contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado. Se trata del fin del conflicto.

Naciones Unidas, como componente internacional, encabezará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, junto con delegados del Gobierno Nacional y las FARC. Se trata de un Mecanismo de tipo técnico, eficiente y ágil que contribuye a la generación de transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de cese al fuego. Estará encargado de analizar los posibles incidentes que se presenten en el terreno y que puedan afectar el cese al fuego.

Para el cumplimiento de su misión, estará articulado con las comunidades, organizaciones sociales y entidades del Estado, y rendirá informes periódicos a la opinión pública.

Su misión consistirá en realizar -por un lado- la labor de monitoreo, que se refiere a la recopilación y documentación de información sobre las actividades relacionadas con la implementación del cese al fuego. Y, por el otro, la verificación, que consiste en el uso de esa información para hacer recomendaciones acerca de si se está cumpliendo el acuerdo. El objetivo es facilitar el cumplimiento de los compromisos y evitar incidentes que puedan poner en riesgo el acuerdo del cese al fuego.

Como producto del cese al fuego, las FARC no podrán ejecutar ninguna actividad ilícita como extorsión, secuestro, narcotráfico, entre otros. Cualquier reincidencia será considerada una violación al cese.

En segundo lugar, se dará el proceso de dejación de armas por parte de las FARC.

El componente internacional (CI-MM&V) en cabeza de la ONU, recibirá en los primeros 60 días el armamento hechizo y los explosivos y rendirá cuentas públicas.

Las FARC tendrán 180 días para que la ONU reciba, por fases, la totalidad de su armamento, de acuerdo con el siguiente cronograma.

El día D+5, las FARC entregan al CI-MM&V la información sobre todas las armas que tienen en su poder.

El día D+10 las FARC entregará al MM&V las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable (tatucos, minas, cilindros bomba, etc.).

Durante los primeros 60 días se destruye el armamento inestable (explosivos artesanales como tatucos, cilindros bomba), y se almacenan en contenedores, bajo control de Naciones Unidas, todas las armas de apoyo y el armamento de las milicias.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las Zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.

A más tardar a los 150 días todas las armas de las FARC, incluidas las individuales, deberán estar almacenadas en contenedores bajo control de Naciones Unidas.

Y a más tardar a los 180 días, la ONU extraerá los contenedores de las zonas, y certificará y comunicará a la opinión pública su finalización. Como resultado, se harán tres monumentos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Cuba y en Colombia (ubicado en donde el Gobierno y las FARC se pongan de acuerdo).

En tercer lugar, las FARC se ubicarán de manera temporal y transitoria en 22 “zonas veredales transitorias de normalización” y 6 pequeños puntos transitorios de normalización.

Estos lugares de ubicación fueron diseñados para hacer el tránsito de los guerrilleros a la legalidad y la dejación de las armas. Se conformarán al finalizar el proceso de conversaciones. En ellos, las FARC adelantarán la dejación de las armas y preparan su proceso de reintegración.

Se trata de paz con seguridad. El movimiento hacia estas zonas contará con todas las medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y el Mecanismo realizará el monitoreo y verificación.

Asimismo, la institucionalidad permanecerá vigente en todo el territorio nacional, incluyendo las “zonas veredales transitorias de normalización”. La Fuerza Pública en cumplimiento de sus deberes constitucionales continuará protegiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Para estas zonas en particular, se implementarán dispositivos especiales y robustos por parte de la Fuerza Pública.

Por último, las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas acordados.

Se trata de un conjunto de medidas para:

-

Crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de participar en política, especialmente a los ex integrantes de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil.

-

Brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, nuevas garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos y medidas de protección a las colectividades en los territorios.

-

Generar condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera.

-

Desmantelar las organizaciones criminales y perseguir las conductas criminales, que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El acuerdo de garantías de seguridad busca salvaguardar el monopolio del Estado en el uso de la fuerza, las armas y la hacienda pública, lo que significa que nadie podrá cobrar impuestos o similares distinto al Estado Colombiano. Adicional el acuerdo buscar fortalecer la justica, proteger y promover el respeto por los derechos humanos y ampliar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y generar garantías de no repetición.

Como parte de estas medidas, el Gobierno Nacional implementará un programa de protección integral para proteger a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC, de sus antiguos miembros, a las sedes y a todo tipo de actividades que realicen en su proceso de reincorporación a la vida civil.

En quinto lugar, el proceso de reincorporación –en lo político, lo social y lo económico- busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil.

En cuanto a las medidas de reincorporación política, como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas.

Un nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República.

El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 Senadores y 5 Representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso sólo se asignarán las que faltaren para completar 5 curules, de tal manera que cuando la lista obtengan 5 o más, no se asignará ninguna adicional.

Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los ex combatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con:

(i)

Atención a los derechos de cada ex combatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros

(ii)

Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad

(iii)

Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMÚN)

Por último, se creará el Consejo Nacional de Reincorporación que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, uno de cuyos objetivos será realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC.

PUNTO 4:

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Acordado en La Habana, el 16 de mayo de 2014

Si bien el conflicto antecede el problema del narcotráfico, no es posible la construcción de una paz estable y duradera si no se resuelve este problema, o al menos su expresión territorial: el problema de los cultivos ilícitos y las economías ilegales asociadas a ellos, así como la amenaza de las redes territoriales de crimen organizado dedicadas al narcotráfico.

El fin del conflicto además representa una oportunidad para diferenciar la solución: abordar el problema de los cultivos como un asunto de desarrollo rural y el del consumo como un asuntos de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos, y ser contundentes con uno de los mayores retos de seguridad que será el crimen organizado, en especial el asociado al narcotráfico y sus expresiones territoriales.

Para resolver el problema no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Es necesario reconocer que hay que transformar las condiciones de “pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. Es decir, es necesario poner a la gente y a los territorios en el centro de la solución.

¿A qué se comprometen las dos partes?

Ambos, Gobierno Nacional y FARC, manifestaron “su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”.

El Gobierno Nacional asumió el compromiso de “poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública”.

Por su parte, las FARC se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Esta es una garantía de enorme importancia para la sociedad y un paso concreto de las FARC hacia la paz.

Esta solución a la que se comprometen las partes tiene tres pilares:

El primer pilar es la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, que busca transformar las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de estos cultivos y a generar las condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan y, sobre todo, que quienes los cultivan transiten hacia una economía legal.

No se trata simplemente de “erradicar las matas de coca”. Se trata de trabajar con las comunidades en los territorios para resolver el problema de los cultivos, a partir de la voluntad de quienes están directamente vinculados a esta actividad través de la suscripción de acuerdos de sustitución y no resiembra, donde no solo los cultivadores sino el Gobierno Nacional y Local adquieren compromisos, en una lógica de integración territorial e inclusión social.

Para esto, se creará un nuevo “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo” en cabeza de la Presidencia, que será un capítulo especial de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral acordada en el punto 1.

El objetivo de este programa es resolver el problema de los cultivos mediante la sustitución voluntaria de los cultivos con la participación efectiva de las comunidades, el despliegue de medidas para una solución oportuna y pertinente en los Parques Nacionales Naturales y zonas apartadas y con baja concentración de población.

En resumen: la aspiración del programa es que toda la sustitución sea voluntaria. En los casos donde los cultivadores no quieran participar o incumplan los compromisos, la erradicación será manual donde sea posible.

En el fondo, el alcance del programa es mucho mayor que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Se trata de integrar esos territorios y esas poblaciones a la dinámica de desarrollo nacional, de garantizar sus derechos –no sólo de los cultivadores, sino de todos quienes habitan en esas zonas– y de superar las desconfianzas históricas en esos territorios entre autoridades y comunidades.

El segundo pilar es abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con un enfoque de salud pública.

Dentro de la nueva visión, hay que separar el tratamiento del consumo de la persecución del crimen organizada y desarrollar más bien una política nacional frente al consumo de drogas.

Para esto, se creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo, promover capacidades locales frente al problema del consumo y a articular la acción del estado en la materia y la generación de conocimiento de este fenómeno.

Se trata de articular un gran esfuerzo en todo el territorio nacional de la mano de autoridades y de los ciudadanos para darle un tratamiento más sensato, más efectivo y más respetuoso de derechos al consumo.

Por otro lado, y siendo coherentes con el abordaje de salud pública bajo un enfoque de derechos humanos que se dará al problema del consumo de drogas ilícitas, se pondrá en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.

El tercer pilar es combatir el narcotráfico.

Pocos problemas le han causado tanto daño y tanto dolor al país como el narcotráfico.

Para ello, el Gobierno concentrará todos sus esfuerzos en combatir el crimen organizado asociado a este fenómeno especial sus manifestaciones territoriales, uno de los grandes retos en materia de seguridad que deberá enfrentar el Estado una vez se ponga fin al conflicto armado, para garantizar las condiciones de seguridad en los territorios para garantizar la implementación de los Acuerdos de La Habana.

Para ello, acordamos, entre otros, la puesta en marcha de una nueva estrategia de política criminal que fortalezca y articule instancias, mecanismos y capacidades de investigación y judicialización a nivel nacional y regional y que permita un uso más eficientes de los recursos judiciales (concentrarse y ser contundentes con los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, considerando un tratamiento diferente a consumidores y cultivadores).

Una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico y la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. Asimismo incluye controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas. También una estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.

Colombia ha dado pasos enormes en la desarticulación de los grandes carteles del narcotráfico. La clave ahora está en lograr ese mismo efecto en el nivel territorial, desmantelando las mafias enquistadas en las regiones que ponen en riesgo la construcción de la paz.

PUNTO 5:

VÍCTIMAS: SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

Acordado el 15 de diciembre de 2015

El conflicto armado en Colombia, de más de cinco décadas, ha ocasionado un daño y un sufrimiento a la población sin igual en la historia. En reconocimiento de esta tragedia nacional se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo y que la agenda para la terminación del conflicto debería incluir un punto sobre las víctimas.

Se acordó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz.

Se trata de un sistema compuesto por diferentes mecanismos y medidas, tanto judiciales como extra judiciales, que se pondrán en marcha de manera coordinada y simultánea.

Estos son:

• La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

• La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

• La Jurisdicción Especial para la Paz

• Medidas de reparación integral

• Garantías de No repetición

El Sistema Integral busca satisfacer, a través de los distintos mecanismos, los derechos de todas las víctimas del conflicto armado: víctimas de agentes del Estado, víctimas de las guerrillas y también víctimas de los grupos paramilitares. Para tal efecto los distintos mecanismos buscan incentivar la colaboración de quienes tuvieron una participación directa o indirecta en el conflicto armado y cometieron delitos en el contexto y en razón de éste.

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Es un mecanismo imparcial e independiente, de carácter transitorio y extra-judicial, y con enfoque territorial, que buscará contribuir a la satisfacción del derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad.

Históricamente este tipo de Comisiones se han creado en procesos de transición (de dictaduras a la democracia y de conflictos armados a la paz) para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad.

Sus objetivos son:

-

Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado

-

Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió

-

Promover la convivencia en los territorios, mediante una ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces

Además de producir un informe final, la Comisión creará espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas, con el fin de escuchar las diferentes voces y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo de quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto.

2. Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Es una Unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial que busca establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral.

La Unidad buscará a:

-

Las personas que murieron en poder de las organizaciones armadas ilegales

-

Las personas que hayan sido víctimas de desaparición forzada con ocasión del conflicto

-

Los civiles que por causa del conflicto –por ejemplo, del desplazamiento- se puedan haber visto apartados forzosamente de sus familias

-

Todos quienes hayan participado en las hostilidades y cuya suerte no haya sido establecida

Toda familia que tenga a un familiar desaparecido con ocasión del conflicto puede estar segura de que se harán todos los esfuerzos posibles para establecer su suerte, ya sea que se localice a la persona con vida, se encuentren sus restos o se provea la mejor información posible.

3. Jurisdicción Especial para la Paz

Es el componente de justicia del Sistema Integral. Se trata de una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia, pero también contribuir a garantizar sus derechos a la verdad, la reparación y la no repetición, así como contribuir a la consolidación de la paz.

Es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal crean en un acuerdo de paz un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional para investigar, juzgar y sancionar las conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos.

Se aplicará a todos quienes habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el contexto y en razón de éste: (i) los miembros de grupos guerrilleros que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno, una vez hayan dejado las armas; (ii) los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado; y (iii) las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta (financiadores o colaboradores) en el conflicto armado y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos.

La JEP estará integrada por Magistrados principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros. Todos ellos serán escogidos mediante un proceso transparente que garantice que los seleccionados cuenten con las más altas calidades morales y que se cumplan los estándares internacionales de independencia judicial.

La mayor garantía de que el proceso de selección de los magistrados será autónomo, independiente y transparente es la calidad de las instituciones que los escogerán. Se acordó proponer a las siguientes instituciones y personas para que cada una de ellas escoja una persona para confirmar el mecanismo de selección:

-

Secretario General de Naciones Unidas

-

Su Santidad el Papa

-

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

-

Delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ)

-

La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, que reúne a los rectores de las universidades estatales u oficiales del país.

A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y con el derecho constitucional colombiano, se otorgarán amnistías o indultos por delitos políticos y conexos.

En todo caso no serán objeto de amnistía ni indulto (ni de beneficios equivalentes) los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

Para los delitos no amnistiables ni indultables, la JEP –a través del Tribunal para la Paz- podrá imponer 3 tipos de sanciones: (i) propias; (ii) alternativas; y (iii) ordinarias.

Las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la JEP respecto a determinadas violaciones e infracciones muy graves. Tendrán un contenido restaurativo y reparador, así como un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. Tendrán una duración de entre 5 y 8 años.

Las sanciones alternativas se impondrán a quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad, antes de proferir la sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años.

Finalmente, las sanciones ordinarias se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves.

Para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia será necesario contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición en los distintos mecanismos del Sistema Integral. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la JEP.

4. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz:

El fin del conflicto representa una oportunidad única para fortalecer el Programa de reparación integral de víctimas que viene implementando el Estado.

El acuerdo contempla ocho medidas:

•

Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva

•

Acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado daños

•

Fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva y articulación con los programas de desarrollo

•

Ampliación y fortalecimiento de las estrategias de estrategias de rehabilitación psico-social a nivel individual y comunitario

•

Implementación de procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y fortalecimiento de la reparación de víctimas en el exterior

•

Fortalecimiento de los procesos de restitución de tierras

•

Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y reparación integral a víctimas

•

Compromiso de las FARC de contribuir a la reparación integral, incluyendo reparación material

5. Garantías de No Repetición:

Las garantías de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo serán resultado de la implementación de:

•

Los diferentes mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

•

Las medidas que se acordarán en el Punto 3 de la Agenda del Acuerdo General “Fin del Conflicto”, que buscan garantizar la terminación definitiva del conflicto armado; y

•

Todos los puntos del Acuerdo Final en materia de Reforma Rural Integral, Apertura Democrática para Construir la Paz y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, que contribuirán a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

PUNTO 6:

IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN

Acordado el 24 de agosto de 2016

Este Acuerdo señala que a la firma del Acuerdo Final, se da inicio a la implementación de todos los puntos acordados.

El primer pilar es el seguimiento a la implementación de los Acuerdos.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo Final se creará la “Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres de las FARC EP o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal.

La implementación contemplará medidas y mecanismos que permitan que la participación ciudadana incida efectivamente en las decisiones de las autoridades públicas correspondientes y promuevan el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, la construcción de confianza y la inclusión social.

Contará con acompañamiento técnico, información y metodologías para asegurar la eficacia de la participación en la definición de prioridades y en la formulación de proyectos.

No obstante lo anterior, el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados.

El segundo pilar es el seguimiento a la implementación.

Se acordó la creación de un Mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional, que tendrá como propósito comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, y fortalecer su implementación.

El mecanismo de verificación estará compuesto por:

-

Dos notables: serán dos (2) personas de representatividad internacional, elegidas, una por parte del Gobierno Nacional y otra por las FARC

-

Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile) que, como garantes y acompañantes, han estado presentes a lo largo del proceso

-

Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances de los acuerdos.

Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva.

Dicha misión iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Reconociendo la importancia de contar con un mecanismo internacional de verificación que asegure la implementación de lo pactado en materia de reincorporación y garantías de seguridad, el Gobierno Nacional y las FARC consideran que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables si fuera necesario.

El tercero pilar es el acompañamiento internacional a la implementación.

El acompañamiento internacional se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas, para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos.