Tribunal de Ética Médica sanciona a especialistas por muerte de joven en corredor universitario en 2022
Las sanciones, de acuerdo con la ley, podrían ir desde amonestaciones y censuras hasta la suspensión del ejercicio de la profesión por un tiempo determinado.
- Tribunal de Ética Médica del Atlántico sanciona a dos médicos por mala praxis en la atención de Luisa Fernanda Pacheco.
- La joven murió tras caer en una alcantarilla en septiembre de 2022, lo que derivó en una investigación por mala atención médica.
- El expediente ha sido remitido al Tribunal Nacional de Ética Médica para decidir la sanción a imponer a los profesionales implicados.
El Tribunal de Ética Médica del Atlántico ordenó en reciente decisión sancionar a dos profesionales de la salud que intervinieron en septiembre de 2022 en la atención de la joven Luisa Fernanda Pacheco Peralta, quien contaba con 17 años de edad y murió para aquella fecha, al parecer, luego de una mala praxis en el centro asistencial a donde fue llevada tras la caída a una alcantarilla.
Hay que señalar que esta es una decisión que deriva de una investigación adelantada por la autoridad que atiende los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presenten por quejas relativas al ejercicio de la medicina en el país.
En ese sentido, el Tribunal de Ética Médica de Atlántico ordenó la remisión del expediente al Tribunal Nacional de Ética Médica “para que decida la sanción a imponer a los doctores Juan Miguel De la Peña Toro, médico ortopedista traumatólogo, y Fabián Andrés Figueroa Álvarez, médico internista…”, tal y como establecen las leyes de la entidad.
Las sanciones, de acuerdo con la ley, podrían ir desde amonestaciones y censuras hasta la suspensión del ejercicio de la profesión por un tiempo determinado.
El caso
En septiembre de 2022, las redes sociales se inundaron de información sobre el caso de la universitaria Luisa Fernanda Pacheco Peralta, quien cayó en una alcantarilla destapada mientras caminaba hacia un vehículo en el que pretendía regresar a su casa.
Luisa Fernanda era espectadora de unos piques que vehículos realizan ilegalmente en la zona del Corredor Universitario y, por un descuido, cayó en el pozo de unos siete metros de profundidad. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche del miércoles 14 de septiembre, según registros de las autoridades.
Producto de esa caída, la menor, estudiante de segundo semestre de ingeniería industrial, sufrió fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda, sumado a una herida abierta.
Ella entró a un procedimiento quirúrgico el día 17 de septiembre, tres días después del accidente, aparentemente por un mal diagnóstico practicado, y que derivó en una grave contaminación a nivel de su herida. Luego se produjo su deceso el día 20 de septiembre.
En la recopilación de hechos y la actuación procesal del Tribunal de Ética Médica, se descubrió que el 22 de septiembre, es decir un par de días después del fallecimiento de la joven, la Superintendencia Nacional de Salud remitió a esta dependencia el caso en mención para su investigación.
Reacción
El abogado John Faber Buitrago Vargas, apoderado de la familia de la víctima, en comunicación con AL DÍA, explicó que el Tribunal de Ética Médica del Atlántico ordenó el traslado del caso al Tribunal Nacional para que sea esta dependencia la que imponga la sanción a los dos médicos que intervinieron.
Aparentemente, al médico ortopedista se le sancionaría por una atención tardía al programar “después del tiempo en que debía hacerse, según los protocolos de ortopedia, una cirugía de estas características. La cirugía debía ser tratada en el tiempo menor a seis horas, y resulta que la cirugía se hizo 72 horas después”.
Adicionalmente, de acuerdo con la exposición del abogado, este mismo especialista no habría ordenado un tratamiento agresivo en antibióticos “cuando había un alto riesgo de contaminación por el lugar donde había caído, que era literalmente una fosa séptica, una alcantarilla”.
Y en cuanto al médico internista, basado en la investigación del Tribunal, el abogado dijo que se demostró que no habría atendido de manera presencial a la paciente sino a través de llamadas telefónicas a las enfermeras.
“Nunca hubo una debida valoración de los signos vitales de la paciente, eso llevó a su deterioro continuo, esta niña se murió literalmente por falta de atención, primero por médico internista y segundo por la tardía operación practicada”, expuso el abogado.
Por otro lado, el jurista afirmó que se busca una sanción penal contra los médicos señalados y contra otros que también habrían intervenido en este caso.
