¿Revelar la historia clínica de Kevin Acosta podría comprender un delito por parte del presidente Petro?
El presidente de Colombia divulgó detalles médicos del niño fallecido sin consentimiento familiar, lo que generó críticas por posible violación de la confidencialidad de datos.
La difusión de la historia clínica del niño colombiano Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años y fallecido recientemente en Bogotá, ha generado una fuerte polémica legal y ética en el país, luego de que el presidente Gustavo Petro exhibiera públicamente partes de ese documento como parte de una explicación sobre las circunstancias del caso.
El documento fue divulgado por la Nueva EPS, la entidad de salud intervenida que estaba encargada de garantizar el tratamiento médico del menor, supuestamente para respaldar la versión oficial del Gobierno de que Kevin habría muerto debido a un trauma craneoencefálico accidental, y no por falta de atención.
Sin embargo, expertos legales y exfuncionarios han señalado que la historia clínica es un documento privado y confidencial, protegido por la legislación colombiana —incluyendo normas como la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 1581 de 2012—, que establece que este tipo de información médica solo puede ser conocida por el paciente, sus representantes autorizados o por orden judicial.
Por esa razón, críticos han argumentado que hacer pública la historia médica sin autorización expresada por los responsables legales del menor podría constituir una violación de datos personales. Figuras como el exfiscal general de la Nación han señalado que este tipo de divulgación podría configurar un delito según el artículo 269F del Código Penal colombiano, que sanciona la divulgación no autorizada de datos personales.
La madre de Kevin, Katherine Pico, también ha rechazado la divulgación del historial médico y ha señalado que el presidente actuó indebidamente al exponer información sensible sin su consentimiento, insistiendo en que la muerte de su hijo se debió a una falla en el acceso oportuno al medicamento que él necesitaba para controlar la hemofilia, y no al accidente en bicicleta que sufrió.
El caso ha reavivado un debate nacional sobre la protección de datos personales en salud, la responsabilidad del Estado en la garantía de tratamientos médicos esenciales —especialmente para pacientes con condiciones crónicas como la hemofilia A— y los límites de las autoridades al referirse públicamente a información clínica sin órdenes legales.
Hasta ahora, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de organismos de control o del Gobierno sobre si la divulgación de la historia clínica será objeto de una investigación formal por la posible violación de normas de protección de datos.
