Al ‘Señor del Portafolio’ le ordenaron cárcel en diciembre y ahora no aparece
Omar Alexander Ladino Vargas, tal y como lo señaló la Fiscalía a finales de 2023, debía ser trasladado a un centro de reclusión, pero hoy es desconocido su paradero. La Dijín de la Policía Nacional adelanta rastreos.
En diciembre del año anterior, la Fiscalía General de la Nación informó a través de un comunicado sobre la decisión de un juez segunda instancia de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión contra Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y señalado por el ente investigador como uno de los “mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia”.
Sin embargo, esa orden del togado no se habría hecho efectiva aún toda vez que el sujeto, nacido en la ciudad de Bogotá, según fuentes de la Policía, no aparece por ningún lado.
EL HERALDO conoció que desde el mes de diciembre detectives de la Dijín adelantan la búsqueda de esta persona que una vez fue referenciado por las autoridades se conoció que se movía por el país “como empresario”.
En su momento, ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía pidió reclusión de Ladino Vargas en un centro carcelario, pues, según el ente, este frecuentaba las ciudades de Montería, Medellín y Bogotá, donde tendría negocios, y además se indagaba si cometería los mismos delitos de los que hoy lo señalan en Barranquilla. “Tenemos conocimiento de que viaja a Montería, Cereté, Medellín...No solamente estaría ligado a Barranquilla sino a otros delitos en Colombia. Empresas financiadas con dinero ilícito”, comunicó la agencia fiscal encargada de su investigación.
Captura y acusación
Omar Alexander Ladino Vargas había sido capturado en Barranquilla en marzo de 2023, pero en una polémica decisión de un juez local se ordenó una medida no privativa de la libertad, aunque sí una serie de castigos en contra del individuo. Es decir, ni siquiera se le dio detención domiciliaria y se le obligó a el pago de una remuneración a víctimas.
La caución de Ladino, la medida cautelar que levantó un polvorín en Barranquilla, cuestionada por el entonces alcalde Jaime Pumarejo, luego fue explicada en su momento a este medio por el propio juez.
“Esta medida se equipara como cuando adquieres un vehículo y debes comprar un seguro obligatorio que remunere los daños hechos”, manifestó en su momento el togado.
Es decir, para el togado esta medida sería un seguro, pero para los efectos del proceso penal. “Con ella contribuimos a lo que está demandando la corte constitucional en este momento, mitigar el hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario, no solo en el INPEC, sino en los centros transitorios y los estaciones de policías, 200 personas en una estación de Policía eso no es algo racional de un estado social de derecho”, agregó el juez.
En agosto del mismo año, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al ‘Señor del Portafolio’ por su presunta participación en la estructura criminal ‘los Costeños’ como “jefe del brazo financiero”, según lo descrito por el propio ente investigador.
La diligencia se llevó a cabo vía virtual ante el juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla y en esta estuvo presente Ladino Vargas, quien seguía en libertad, y su abogado Diego Gutiérrez Sánchez, así como los funcionarios de Procuraduría y Fiscalía.
En la diligencia el ente investigador hizo un repaso a los documentos o pruebas recolectadas en la investigación contra el acusado, de las cuales se desprendieron al menos 190 elementos como actas de inspección, informes de Policía Judicial e interrogatorios.
“Alias el señor del Portafolio se habría apropiado ilegalmente de predios de alto valor que serían de interés para las actividades narcotraficantes y de lavado de activos de la estructura delictiva, entre enero de 2019 y febrero del año en curso (2023)”, se leyó en el escrito de la Fiscalía.
Se agregó además que, al parecer, el sujeto “disponía de un equipo de abogados y expertos en procesos de pertenencia y posesión que recurría a las oficinas de instrumentos públicos, a instancias policivas y a la jurisdicción civil para arrebatarles las propiedades a los dueños, mediante distintas maniobras fraudulentas, escrituras y otros documentos falsos; o con la complacencia de algunos funcionarios".
También se habló de la existencia de “un componente armado” que acompañaba los procesos de despojo, ejerciendo violencia sobre los dueños de los terrenos.
En ese sentido, el individuo fue acusado por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, amenaza, homicidio, lavado de activos y desplazamiento forzado; y falsedad de material en documento público.
